Así lo ha anunciado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, en una entrevista en la Cadena Ser, en la que, no obstante, ha asegurado que confía en que no haya “una voluntad de insumisión generalizada”.
Sin embargo, ha advertido de que “si pasa el tiempo y aquí no pasa nada”, habría que pensar “obviamente” cuáles son los recursos y “probablemente lo que corresponde es un conflicto negativo de competencias” si se constata que la administración autonómica pretende no aplicar la norma.
“Creo que cualquier gobierno responsable sabe que las normas están para aplicarlas y se evitará la insumisión”, ha subrayado.
En el caso de que, una vez transcurrido el tiempo, no haya ninguna sanción por parte de las comunidades autónomas, Ribera ha explicado que lo que prevé la Ley orgánica del Tribunal Constitucional respecto a los conflictos negativos de competencia es que en aquellos supuestos en los que la administración competente no ejerza las competencias puede ser apercibida por la otra administración.
“Si a pesar del apercibimiento se sigue sin ejercer la competencia se podrá plantear un conflicto ante el Tribunal Constitucional, hay otras alternativas ante los tribunales de lo Contencioso, pero entiendo que es algo que deberán valorar los servicios jurídicos”, ha señalado la ministra para la Transición Ecológica, quien ha añadido que “no se trata de una aplicación inmediata” y que la colaboración de las comunidades autónomas es “capital”.
LA CRUZADA DE AYUSO CONTRA EL APAGADO DE ESCAPARATES
Por el momento, la Comunidad de Madrid ha anunciado que acudirá al Constitucional alegando “invasión de competencias”, en concreto, las relacionadas con el comercio.
Hoy, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha continuado con su cruzada contra el decreto de ahorro energético, que “tiene, al menos, diez puntos inconstitucionales”. Entre ellos, que el carácter básico alegado “para invadir competencias autonómicas decae porque el objetivo del Real Decreto Ley no es garantizar el suministro de gas, ya que el mismo RDL afirma que España no tiene ese problema, por lo que consideramos que no se pueden establecer mínimos ni máximos en las temperaturas de aire acondicionado y calefacción”.
Otra de las quejas del Gobierno autonómico es que el apagado de escaparates a las 22:00 horas «colisiona directamente con la Ley de Libertad de Horarios Comerciales de la Comunidad de Madrid, que permite abrir las 24 horas del día. ¿Se puede cumplir esa norma con escaparates apagados?».
«El cierre de puertas de los locales y centros de trabajo choca con la normativa de Salud Pública dictada con ocasión de la pandemia por COVID-19 y que establece la necesidad de la ventilación», añade la Comunidad de Madrid.
El Gobierno se reunió ayer con las comunidades autónomas para explicar el decreto, que no retirará como pedían las lideradas por el PP. Aunque Ribera avanzó que el pequeño comercio tendrá un margen hasta final de mes para adaptarse a la nueva normativa.
