La norma, que tiene como principal objetivo elevar la cobertura de los planes de pensiones colectivos, facilita la creación de planes colectivos en el marco de la negociación colectiva y habilita la creación de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública. “El objetivo es facilitar el acceso a estos mecanismos de ahorro de bajas comisiones a trabajadores de rentas medias y bajas y de pequeñas y medianas empresas, así como a trabajadores autónomos y jóvenes”, asegura el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Además, el proyecto de ley simplifica los procedimientos para crear planes de empleo, que tienen normalmente unos costes de gestión más bajos.
Entre la primera y la segunda vuelta, se han incluido “diversas aportaciones procedentes de la audiencia pública, el diálogo social y los órganos consultivos”, asegura el ministerio que dirige José Luis Escrivá. En concreto, el proyecto de ley ha incorporado incentivos fiscales para impulsar los planes de pensiones colectivos, en línea con la recomendación 16ª del Pacto de Toledo y con las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Hay que recordar que en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 se continúa el proceso de diferenciación de la fiscalidad entre planes individuales y colectivos, estableciendo un límite en la deducción de la base imponible de 1.500 euros y de 10.500 euros, respectivamente. Con ello, se continúa con el proceso de traslación de los beneficios fiscales a las rentas medias y bajas. Además, el proyecto de ley establece una mejora en la deducción del IRPF para los autónomos. En concreto, este colectivo tendrá derecho una deducción de 5.750 euros al año, más del triple de la vigente actualmente.
Al margen de ello, el proyecto de ley también incorpora incentivos para las empresas, de forma que las contribuciones empresariales al plan de pensiones no cotizarán a la Seguridad Social, con un límite de 115 euros al mes por trabajador (1.380 euros al año), lo que supone un ahorro de casi 400 euros por trabajador. También se han establecido importantes incentivos para el trabajador, que podrá aportar más de lo que lo hace la empresa con unos límites que se establecen en función de la contribución empresarial.
En esta segunda vuelta también se han incluido modificaciones en los órganos de gobernanza de los fondos de promoción pública. En primer lugar, se han delimitado de forma más precisa las funciones de la Comisión Promotora y de Seguimiento y de la Comisión de Control Especial.
A la primera le corresponderá la selección de entidades gestoras y depositarias, el establecimiento de la estrategia de inversión a largo plazo, la constitución de los fondos de pensiones y el nombramiento de los miembros de la Comisión de Control Especial.
La Comisión de Control Especial se encargará de la representación del fondo, la elaboración de la política de inversión de cada fondo, el control y la observancia del cumplimiento de las normas de los fondos, el examen de la actuación de la gestora y la supervisión de la misma y, en su caso, de la decisión sobre su sustitución.
Tras su paso por el diálogo social y los órganos consultivos, se ha mejorado la composición de esta comisión, de una forma más equilibrada, con 5 miembros elegidos por el Gobierno, 4 representantes de los sindicatos y 4 de los empresarios. Con la nueva composición, se persigue la toma de decisiones por consenso entre las partes, exigiéndose mayoría cualificada para algunas decisiones.
También se han incluido novedades en el régimen de inversiones, añadiendo referencias a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se han definido con mayor detalle los perfiles de usuarios y funcionalidades de la plataforma digital común.
CCOO cree que la iniciativa tiene “dudosa relevancia”
El proyecto ha recibido sin embargo ya críticas por parte de los sindicatos. CCOO explica que la norma “no ha contado con acuerdo en la Mesa de Diálogo Social por sus limitaciones en el conjunto de la regulación”.
“El proyecto que hoy se presenta limita la capacidad de gobernanza con respecto a las posibilidades que ya ofrece el sistema de empleo en la actualidad. Por todo ello, el fondo de pensiones de promoción pública, denominado en múltiples ocasiones como el “superfondo”, acaba siendo una opción más para exteriorizar compromisos por pensiones de las empresas con sus trabajadores”.
Para el sindicato, la principal duda que surge sobre su relevancia práctica “es la no resolución del principal problema de la financiación del sistema que se realiza, fundamentalmente, a través de contribuciones empresariales”. En este sentido destaca la “incongruencia” de la Administración como promotor del sector público, “al no haber previsión de contribuciones a las personas trabajadoras del sector”.
Por último, en cuanto al tratamiento de incentivos anunciado, “no creemos que vaya a suponer una diferencia cualitativa con el marco normativo que ha permitido un desarrollo de la previsión social complementaria para un 10% de la población asalariada, en términos reales, y un 20% si sumamos a las Administraciones Públicas, que tienen cuantías testimoniales hasta la fecha y sin expectativas de mejora a pesar de la presentación de este proyecto”.
Críticas de Unespa
También la patronal de las aseguradoras, Unespa, ha criticado un texto que considera “insuficiente”. “Es una ocasión perdida para la revisión estructural del sistema de pensiones”, ha afirmado Pilar González de Frutos, presidenta de la Asociación Empresarial del Seguro.
Unespa cree que los incentivos “distan de ser relevantes”. Los importes que resultan de la fórmula propuesta en el proyecto de ley son deducciones de la base de cotización, por lo que su efecto en los costes salariales es mucho menor. En opinión de la industria aseguradora, estas deducciones resultarán insuficientes para generalizar el ahorro en el ámbito de las relaciones laborales.
Por otra parte, Unespa considera “un error” que se plantee el intento de generalizar en España la previsión social complementaria en el ámbito colectivo a costa de fagocitar el ahorro de los particulares para la jubilación. Antes de la elaboración del presente Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, se han aprobado dos leyes de Presupuestos Generales del Estado que han reducido de 8.000 euros a 1.500 euros la cantidad deducible por aportaciones a sistemas de previsión social, recuerda la patronal. “Estas dos leyes han cercenado la capacidad de los ciudadanos de preparar su jubilación a título particular antes de que el Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo les ofrezca una vía alternativa para ahorrar a través de instrumentos de carácter colectivo o laboral”.
