Pablo Iglesias responde a las preguntas de los grupos parlamentarios en la sesión de control al Gobierno.
El texto sobre las directrices generales para la Estrategia de Desarrollo Sostenible ha sido elaborado por la Vicepresidencia Segunda y en él se insiste en que la futura Ley de Vivienda debe habilitar a las comunidades y a los ayuntamientos a declarar zonas de «mercado tensionado», donde se hayan producido «subidas abusivas» y «a regular los precios del alquiler».
También se pauta como aspecto «esencial» la garantía de alternativa habitacional en caso de procedimiento de desahucio, mediante iniciativas que aseguren el realojo inmediato, alternativas de alquiler social y el establecimiento de un informe obligatorio de los servicios de bienestar social en caso de este procedimiento.
«Todo ello debe realizarse con el objetivo de cumplir el compromiso del Gobierno», dice el texto. Esta es una de las medidas que sustentan el decreto antidesahucios durante la vigencia del estado de alarma y que Unidas Podemos trata de incluir también en la nueva Ley de Vivienda.
Las directrices generales para la Estrategia de Desarrollo Sostenible son el núcleo de la citada Estrategia, el plan político de una década para que el país «sea justo socialmente, sostenible y feminista en 2030 que se aprobará previsiblemente en el mes de junio». El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, presentará este plan ante la ONU en el mes de julio.
Las negociaciones en torno a la mencionada Ley de Vivienda están generando tensiones entre el PSOE y Unidas Podemos. Las posturas están muy alejadas entre los socios. El partido de Pablo Iglesias, a través de las medidas planteadas por la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, demanda poder limitar los precios del alquiler en zonas tensiones mediante el establecimiento de obligaciones para los grandes tenedores de vivienda, también de cara a aumentar el alquiler social, frente a un sistema de incentivos que trasladan los socialistas.
De hecho, el ala morada de la coalición ha deslizado que el socio mayoritario se alinea más con las posiciones de la patronal inmobiliaria, algo que responsabilizan al departamento que dirige Nadia Calviño.
Ayer mismo, la vicepresidenta tercera y ministra de Economía volvió a rechazar regular el precio del alquiler. «Comprendo que es fácil tratar de simplificar las cuestiones, pero regular los precios de los alquileres no es una medida que vaya a solucionar todos los problemas, no es el bálsamo de Fierabrás. Lo que hay que hacer es aumentar el parque público de vivienda», señaló Calviño en una entrevista en TVE.
A su juicio, esta es una medida «mucho más concreta y eficaz» y recordó que el Gobierno, junto a la Sareb y las entidades bancarias, han llegado a un acuerdo para ampliar el parque público en 26.000 nuevas viviendas.
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