El Gobierno hace oídos sordos a las peticiones para quitar el IRPH de las viviendas protegidas

Viviendas

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El Gobierno no está dispuesto a retirar el IRPH que soportan las promociones de vivienda protegidas –VPO-, para cuya eliminación sólo se requiere un acuerdo de consejo de ministros, según ha denunciado la asociación de usuarios financieros Asufin.

Ante una nueva pregunta parlamentaria, en esta ocasión del diputado Íñigo Errejón del grupo Más País, se limita a enumerar la normativa que rige la publicación del IRPH, en línea con las explicaciones solicitadas también por Compromís hasta en dos ocasiones, señala Asufin.

La asociación señala que “a diferencia del IRPH de las hipotecas convencionales, el que soportan determinadas promociones de vivienda pública en nuestro país no puede litigarse en los tribunales, sino que compete al Gobierno su modificación, mediante acuerdo en consejo de ministros”.

Pero en la respuesta al diputado Errejón, dada a conocer el pasado 11 de febrero y que va en línea con la formulada en julio por el diputado Joan Baldoví, de Compromís, el Gobierno se limita a decir que el IRPH es un tipo de interés oficial, legal y vigente en estos momentos.

Tipos de interés impuestos

Asufin denuncia sin embargo que los tipos de interés aplicados a los Planes de Vivienda “en ningún momento fueron negociados sino impuestos”. En el mercado libre, la entidad bancaria tiene la obligación de ofrecer todos índices de referencia y que el comprador elija. Por el contrario, en el caso de las VPO esto no se daba y se entendía que era el mejor interés dadas las características del comprador. “Algo que, como puede comprobarse con facilidad, no ha sido así: el Euribor lleva instalado en tasas negativas desde 2016 y el IRPH no lo ha estado nunca, ni lo estará dada su propia configuración”.

El IRPH ha sido el índice de referencia de las promociones de vivienda pública hasta el plan de 2005-2008. Esta última promoción accedió a la compra de vivienda pública en el contexto de la burbuja inmobiliaria por lo que el sobrecoste que tuvieron que asumir, unido al IRPH, provocó que años más tarde, en 2012, la vivienda social fuera más cara que la de renta libre.