El Gobierno estudiará que el Estado se persone en defensa de las víctimas de violencia sexual

Violencia machista

El Gobierno estudiará que el Estado se persone en defensa de las víctimas de violencia sexual

Isabel Celaá ha adelantado que van a estudiar cómo poner en marcha todos los mecanismos del Estado, es decir a sus abogados, contra el abuso y la agresión machista.

Consejo de Ministros

El Gobierno de Pedro Sánchez busca dar un paso al frente en la lucha contra la violencia machista. O al menos así lo ha asegurado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, que ha adelantado que se va a estudiar que el Estado se persone en los juicios por violencia sexual “como parte en la defensa de las víctimas”.

En este sentido, la también ministra de Educación ha explicado que van a perseguir la metodología posible para utilizar los abogados del Estado en los casos de abuso y agresión que lleguen a los juzgados. Se trata de una medida que ha puesto el Gobierno encima de la mesa justo un día después de la libertad provisional de los miembros de ‘La Manada’.

Celaá ha afirmado que el Ejecutivo de Sánchez “respeta las decisiones judiciales como parte del sistema”, pero hay matices: “Los hechos probados y condenados son gravísimos, y en este sentido, el Gobierno se hace eco de la alarma social, de la preocupación de las mujeres a las que vamos a proteger”.

Es más, la portavoz ha confesado que el auto judicial “les ha sorprendido porque la regla de oro general es la de que un condenado que está en prisión provisional se le mantiene”. Algo que aumenta al ver que hay una “sentencia de nueve años”. Mientras, hay más problemas que ha identificado el Gobierno con la libertad provisional.

“es una sentencia condenatoria y siempre es peligrosa por el peligro a la fuga, y queremos proteger a las jóvenes de este país”, ha analizado Celaá. Por ello, aparte de estudiar usar las herramientas del Estado, ha avanzado que el PSOE va a acelerar la Proposición de Ley para “cumplir uno de los mandatos sociales como es el de aportar formación a los jueces en materia de género” o “poner encima de la mesa una propuesta para analizar el Código Penal, concretamente de los delitos referidos a violencia sexual”.

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