La ministra de Justicia, Dolores Delgado, prometiendo su cargo ante el Rey.
Los ministros y ministras de Pedro Sánchez siguen desfilando en el Congreso para explicar las políticas que tienen pensado impulsar. El turno ha recaído este miércoles en la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que ha relatado varios ejes, entre los que ha destacado los planes que tendrá su departamento en memoria histórica.
Entre los aspectos destacados, Delgado ha anunciado que el Ministerio de Justicia, a través de la nueva Dirección General para la Memoria Histórica, se encargará de los planes de búsqueda de los desaparecidos de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.
Asimismo, el departamento facilitará los datos de exhumaciones anuales, el número personas localizadas, la cifra de peticiones registradas y el número de prospecciones sin resultado positivo. Una serie de cifras que se publicarán en el Boletín Oficial del Estado o en el boletín oficial de la comunidad autónoma donde se haya realizado la exhumación.
En este sentido, la ministra Delgado ha avanzado que se procederá a la publicación de un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Según han destacado desde el Ministerio de Justicia, “España no puede seguir siendo el país al que se identifica en foros internacionales como uno de los mayores incumplidores en derecho a la verdad, la justicia, la reparación y a las garantías de no repetición”.
Por su parte, la dirección general ha decidido impulsar una “reforma integral” de la Ley de Memoria Histórica. El objetivo, según han reseñado, pasa por declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias. Además, se reabrirá la Oficina de Apoya a las Víctimas del Franquismo.
No obstante, una de las medidas estrellas que impulsará el Ejecutivo de Pedro Sánchez gira en torno a estudiar la manera de llevar a cabo la ilegalización de aquellas asociaciones que hagan apología del franquismo. La Fundación Francisco Franco está en el punto de mira.
Por último, otras de las políticas que se ha marcado la dirección general pasa por “resignificar el Valle de los Caídos en los términos recomendados por la Comisión de Expertos que estudió el asunto en el año 2011, retirar la simbología de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura, con un procedimiento tasado con sanciones económicas para el caso de incumplimiento y reforzar el acceso a archivos”.
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