El Gobierno de Ayuso presentó su recurso sobre los fondos europeos en el tribunal equivocado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Foto: Comunidad de Madrid)

La ofensiva de la Comunidad de Madrid contra los nueve millones de euros procedentes de los fondos europeos repartidos entre Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra y Extremadura vuelve a ser noticia. Y es que, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso registró el recurso contra este “reparto sin justificación” en el órgano judicial equivocado.

El equipo jurídico que asesora a Ayuso lo registró por error en la Audiencia Nacional y no en el Supremo, tal y como se anunció hace una semana. “La Comunidad de Madrid presentó un recurso contencioso-administrativo el pasado 17 de diciembre por el Real Decreto 902/2021, en la Audiencia Nacional, considerando que era el órgano judicial competente”, detalla un portavoz gubernamental a El País. “Sin embargo, es el Tribunal Supremo quien tiene competencia en este tipo de recursos”, admite.

Ante esto, recoge el mencionado diario, “se remitió un escrito a la Audiencia Nacional solicitando la derivación del recurso al Tribunal Supremo, ya que no se puede presentar el mismo recurso en dos órganos judiciales distintos”.

El Ejecutivo madrileño ha hecho bandera de esta cuestión contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Y no ha tardado en sumarse el PP en bloque. Barones autonómicos y la propia Génova han cerrado filas en torno a Ayuso. Hoy mismo, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, cargaba contra Sánchez por este reparto durante una entrevista en La hora de la 1, de TVE. “No puede ser que se conviertan en fondos del PSOE y no en fondos de España”, ha criticado el popular, que ha exigido a Moncloa “criterios objetivos” en el reparto de fondos y una agencia independiente que evalúe proyectos “mirando el contenido y no el remitente”.

Según defendió la semana pasada la Comunidad de Madrid, la concesión de nueve millones procedentes de los fondos europeos a cuatro regiones se aprobó “sin ningún tipo de justificación” y “vulnerando el reparto competencial legalmente establecido en materia de empleo”.