A la par, ha avanzado Rodríguez en el acto inaugural de Construmat, en la Fira de Barcelona, se priorizará la movilización de todos los recursos de los que dispondrá la empresa estatal de vivienda, suelos e inmuebles, con “carácter prioritario” donde se produce mayor tensión residencial, entre ellos los municipios urbanos de Cataluña.
Según recuerdan desde el ministerio, la Ley de Vivienda contempla en su artículo 18 “el diseño y adopción de medidas de financiación específicas” para “favorecer la contención o reducción de los precios de alquiler o venta” en las zonas que se hayan declarado tensionadas.
La declaración de una zona tensionada “implica la asunción de un problema y la activación de recursos para resolverlo”. En este sentido, el Gobierno “está y estará al lado de quienes se comprometan con el derecho a una vivienda digna y usen las herramientas disponibles para garantizarlo”, señalan desde la cartera de Rodríguez.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana reclama de nuevo que las comunidades con “evidentes dificultades” para el acceso a la vivienda apliquen la ley y declaren zonas tensionadas. “O, por lo menos, que atiendan las demandas de los ayuntamientos que les piden declarar su municipio zona tensionada”. Un mensaje claramente dirigido a las regiones gobernadas por el PP, como la de Madrid, que se oponen a ello.
