Según ha explicado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se trata de una de las herramientas pendientes de desarrollar que se incluyen en la norma, aprobada el pasado diciembre, sobre esta materia.
En concreto, el texto establece la creación de esta comisión de seguimiento como órgano de cooperación administrativa y regula su composición básica, funciones y algunos aspectos de su organización. El real decreto aprobado este martes, apunta el Ministerio, completa su regulación y asegura el inicio de su funcionamiento.
Precisamente, en relación a las funciones de la comisión, Inclusión apunta que será un instrumento para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social; para evaluar y realizar un seguimiento de las propuestas normativas y no normativas sobre el IMV; para impulsar mecanismos de cooperación entre administraciones; para hacer un seguimiento de los sistemas de intercambio de información relativa a las personas solicitantes y las beneficiarias; y para cooperar en la implantación de la Tarjeta Social Digital, entre otras.
El ministro ha destacado la necesidad de que «los tres niveles» de la administración española «cooperen» y «trabajen» sobre el IMV para «conseguir el objetivo último» de esta medida que, según ha indicado, es «que sus beneficiarios», los «más vulnerables» y personas «en situación de exclusión social», puedan «entrar en itinerarios de integración sociolaboral».
SOBRE LA TRANSFERENCIA AL PAÍS VASCO
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Escrivá ha sido preguntado por las declaraciones del presiente del PNV, Andoni Ortuzar, sobre la transferencia de competencias del IMV. Ortuzar ha criticado que el texto hable de 10 años de «cesión» y no de «transferencia».
En este sentido, el ministro ha indicado que lo que se está acordando con el Gobierno vasco es «desplegar» la disposición adicional quinta de la ley del IMV sobre la que, ha indicado, hay «discusiones técnicas» sobre «cómo van a asumir» los ejecutivos vasco y navarro lo que se acordó «hace año y medio» en relación a la «singularidad foral» de ambos territorios.
