“Dijimos que queríamos aprobar una ley que no tuviera grietas jurídicas, que nos diera máxima seguridad para que luego no se viera llena o rodeada de numerosos recursos judiciales que pudieran hacer debilitar esa eficacia que pretendemos de la ley. Pero hay que respetar competencias de las comunidades autónomas, es una línea roja que nos autoimponemos”, ha comentado en un encuentro con la prensa en la estación madrileña de Nuevos Ministerios.
Sánchez ha defendido el compromiso del Gobierno con este texto, un “proyecto de ley que salió del Consejo de Ministros” y que, por tanto, fue “consensuado por fuerzas progresistas”.
La ministra ha asegurado que el Ejecutivo y las fuerzas progresistas van a hacer todo lo que esté en su mano “para aprobar esta ley en las próximas semanas” y ha pedido a los grupos políticos “un esfuerzo” para evitar “posiciones maximalistas que acaben frustrando” la ley.
“Hemos incorporado observaciones y, por tanto, confío en que seamos capaces de ultimar esas cuestiones que todavía pueden quedar pendientes de negociación. Tenemos una gran responsabilidad con la ciudadanía y aprobar la ley es fundamental para garantizar el derecho a la vivienda, sobre todo de los más jóvenes y de la clase trabajadora”, ha manifestado la titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, recoge Europa Press.
Asimismo, ha explicado que el proyecto de ley fija un sistema para compatibilizar los límites o regulación de los precios del alquiler en las zonas tensionadas con incentivos fiscales a los pequeños propietarios.
Además, el ministerio se ha propuesto impulsar el parque de vivienda público para promocionar el alquiler y la ministra se ha referido, en concreto, a la ‘Operación Campamento’. Este convenio, suscrito entre los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Defensa, pretende convertir el suelo de Campamento, a la entrada de Madrid, en parte del parque público, 12.000 viviendas, de las que el 60% será protegida pública y el 40%, vivienda libre.
El Consejo de Ministros aprobó el 1 de febrero de 2022 el proyecto de Ley por el Derecho de Vivienda, para su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia, a pesar de que todavía no se ha tratado en el Congreso.
