“Lo que se ha acordado es que no se condicione la parte que nosotros vamos a financiar de un transporte que no es competencia del Estado”, como es el metro o el autobús, ha afirmado Montero en un desayuno de Nueva Economía Fórum protagonizado por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.
En el anterior decreto, ha señalado la titular de Hacienda, se condicionaba la financiación del 30% a que las comunidades aportaran el 20% restante. “Ahora lo que hacemos es no condicionar”, ha destacado. “Es decir, que con independencia de que las comunidades autónomas planteen o no esa bonificación, nosotros vamos a pagar ese 30%”.
María Jesús Montero se ha mostrado “convencida” de que los diferentes gobiernos autonómicos “contribuirán voluntariamente” aportando un 20% para que “el billete valga la mitad”. En su opinión, se trata de una medida “progresiva”, que permite que aquellas personas que se desplazan diariamente en transporte público tengan mayor capacidad económica.
Esto supone también que esta medida acordada por el PSOE con Junts para sacar adelante el nuevo plan anticrisis en el Congreso no se circunscribe únicamente a Cataluña, sino al resto de autonomías.
Competencias en inmigración y balanzas fiscales
El citado pacto contempla, asimismo, que se acuerda una Ley Orgánica de delegación de competencias y recursos para que Cataluña pueda hacer una gestión integral de la inmigración conforme al artículo 150.2 de la Constitución. “Por tanto”, apuntan fuentes del PSOE, “no se toca ningún aspecto de la Constitución y los recursos que anuncia el PP son, una vez más, un brindis al Sol”.
Respecto a la economía, los socialistas avanzan que se aprobará en el Consejo de Ministros “un plan de apoyo a empresas catalanas para revertir las consecuencias del RDL de 2017”. “Evidentemente”, continúa, “esto no supone ni obligación, ni sanción ninguna” para las compañías que decidan mantener su sede social fuera de Cataluña.
A esto hay que sumar que el Ministerio de Hacienda permitirá el “acceso a los datos para poder elaborar las balanzas fiscales a cualquier Administración Pública o centros de investigación con la finalidad de que puedan aplicar su metodología y publicar sus conclusiones”. No se publicarán las mismas. “De este modo, se ganará en transparencia y capacidad de conocer con precisión el balance fiscal de cada comunidad”, afirma el PSOE, quien defiende que “esto ha sido solicitado en otros momentos no solo por Cataluña, también por otras CCAA”.
La supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil también se incluye en este acuerdo. “El régimen jurídico no cambió con la disposición aprobada en el real decreto y no cambiará con su supresión”, defienden los socialistas. Por tanto, “los tribunales españoles conservan su plena capacidad de elevar cuestiones prejudiciales, acudir al TJUE y de suspender los procesos afectados mientras resuelve la Justicia europea, como ha sucedido en las últimas décadas y es jurisprudencia pacífica del TJUE y del Supremo”.
