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Así lo ha anunciado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la habitual comparecencia tras el Consejo de Ministros, donde ha explicado que el Ejecutivo de coalición también condiciona la operación de concentración a que los dos bancos tengan “autonomía en la gestión de su actividad”. De esta manera, impone al BBVA que Sabadell sea un banco separado durante los citados tres años.
Cada entidad “deberá preservar la autonomía en la gestión de su actividad orientada al mantenimiento de los criterios de interés general, distintos de los relativos a la defensa de la competencia, que fundamentan la decisión del Consejo de Ministros”, explican desde Economía.
“Estos criterios encuentran arraigo en la Constitución Española, se encuentran promulgadas por distintas normas del ordenamiento jurídico y están avaladas por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, defienden desde la cartera de Cuerpo.
Estos criterios pasan por la “garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial vinculada al apoyo al crecimiento y a la actividad empresarial”. También, por la “protección de los trabajadores”, la “cohesión territorial”, los “objetivos de política social relacionados con la obra social de las fundaciones, la protección del consumidor financiero y la vivienda asequible” y la “promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico”.
El Gobierno señala que la autonomía en la gestión de su actividad “se deberá concretar, al menos, en el mantenimiento de una gestión y toma de decisión autónoma” en relación con las decisiones que afecten a la financiación y crédito, “en particular a pymes”, a recursos humanos, a la red de oficinas y servicios bancarios y a la obra social a través de sus respectivas fundaciones.
Desde el departamento de Cuerpo apuntan que “la existencia de múltiples intereses generales afectados, y la propia escala de la operación, aconseja evitar la imposición de condiciones parciales que pretendan proteger cada uno de ellos de manera aislada, cuyos resultados serían difíciles de predecir”.
En su lugar, detalla, se ha optado por “un enfoque finalista, en el que se obligue a la protección de todos y cada uno de los distintos intereses a garantizar identificados, mediante la introducción de una condición única, que favorezca una transición ordenada, contribuya a preservar estos intangibles y, con ello, el interés general afectado”.
Una vez comunicado a la CNMC y a las partes, el acuerdo de hoy del Consejo de Ministros pone fin al procedimiento de control de concentraciones económicas establecido en la Ley de Defensa de la Competencia.
Para “evaluar la eficacia” de la condición que ha acordado el Consejo de Ministros, con una antelación de entre seis y 12 meses respecto de la fecha de finalización del menor plazo establecido en la condición acordada (tres años), BBVA y Banco Sabadell deberán remitir a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa un “informe de situación” cada una, que “detallará el modelo de gestión autónoma que se ha llevado a cabo y su contribución al mantenimiento de los criterios de interés general mencionados”.
Además, con la misma antelación, las entidades deberán “elaborar y publicar en su sitio web un Plan estructural a largo plazo en el que se detalle en qué medida su estrategia corporativa afectará, en al menos los cinco años siguientes, a los criterios de interés general identificados”.
Por último, transcurridos tres años, el Consejo de Ministros valorará la eficacia de la condición establecida, “pudiendo ampliar su duración por un periodo adicional de dos años”, concluye Economía.
En este contexto, las acciones de BBVA han cerrado la jornada bursátil de este martes con una subida del 2,54%, hasta los 13,115 euros.
Por su parte, los títulos de Banco Sabadell han despedido el día en ‘verde’, aunque con menores ganancias. Así, ha registrado un alza del 0,45%, intercambiándose cada acción en los 2,69 euros.
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