Así lo adelanta hoy El País, que publica que el Ejecutivo se abre ahora utilizar el impuesto sobre la renta como penalización para quienes suban los precios. Según avanzan fuentes conocedoras de la iniciativa, y confirman al citado periódico en los Ministerios de Vivienda y de Hacienda, el plan de Moncloa contempla modular a la baja la reducción general del 50% que actualmente pueden aplicarse en el IRPF todos los arrendadores con personalidad física.
La penalización solo se aplicaría en el caso de subidas al finalizar el contrato, no en el incremento anual (normalmente del IPC) permitido por la ley.
Ese descuento del 50%, que hoy en día permite a los caseros tributar solo por la mitad del rendimiento neto que obtienen, ya puede elevarse en algunas circunstancias para hacer mucho más atractivo el beneficio. El planteamiento del Gobierno es que, de forma paralela, pueda rebajarse en determinados casos. Esto se plasmaría en un real decreto ley. Es decir, tras aprobarse en el Consejo de Ministros tendría que ser convalidado por el Congreso.
La idea, señalan estas fuentes a El País, es “promover a través de la fiscalidad comportamientos o actitudes que redundan en un beneficio social y, a la vez, desincentivar aquellos que no”. “Si un casero congela o baja el precio tendría más ventajas fiscales, pero si lo sube, esas ventajas se rebajarían en una proporción que está estudiándose”, apuntan.
Esto choca con las medidas impulsadas hasta ahora. Hace unas semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la puesta en marcha de una reducción total, del 100%, para los propietarios que renovaran los contratos sin subir los precios, independientemente de si la vivienda se encuentra o no en un área tensionada.
