La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, durante una comparecencia en el Congreso.
Nuevo paso del Gobierno en su lucha contra el empleo precario. El Consejo de Ministros dará luz verde este viernes en su última reunión del año a un Real Decreto-Ley contra “el abuso en la celebración de contratos temporales de corta duración”. Para ello el Ministerio de Trabajo ha decidido incrementar un 40% la cotización de “los contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días”.
Según publica este miércoles Cinco Días, el último Consejo de Ministros del año aprobará un Real Decreto-Ley ‘escoba’, aún provisional, con varias novedades en materia de cotizaciones y prestaciones. Entre ellas, que “en los contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días, la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes se incrementará en un 40%”.
Esta subida no afectará a los contratos encuadrados en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios. Sin embargo, según el texto de la misma, “va a tener una incidencia positiva en los ingresos del sistema de la Seguridad Social, ya que implicará una mayor recaudación, a la vez que puede ser desincentivadora para que el empresario recurra a este tipo de contratos”.
Asimismo, recoge el mencionado diario económico, se modificará la Ley de Seguridad Social para aplicar a los días efectivamente trabajados y cotizados un “coeficiente de temporalidad”. Con ello se permitirá al trabajador reunir un mayor número de días en alta para el acceso a las prestaciones del sistema de la Seguridad Social.
El proyecto de Real Decreto-Ley incluye además medidas que repercutirán sobre las decisiones de contratación de los empresarios con la creación de una nueva infracción para aquellos que usen la figura del falso autónomo. El departamento de Magdalena Valerio busca evitar que se produzca un trasvase del Régimen General al de Trabajadores por cuenta propia. Para ello, verá la luz una nueva infracción “muy grave” con su correspondiente sanción. El empresario que cometa esta infracción será multado con entre 3.126 y 10.000 euros por cada trabajador afectado.
A todo esto hay que sumar el fin de las bonificaciones a las empresas que reduzcan su siniestralidad laboral y el acuerdo entre Trabajo y las asociaciones de autónomos para elevar la base mínima de cotización del colectivo un 1,25%.
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