El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana el Real Decreto con el que se reforma el sector de la estiba para dar cumplimiento a una sentencia europea y evitar la multa comunitaria. Es la segunda vez que el Gobierno intenta dar luz verde a la modificación legal, ya que el pasado mes de marzo el Congreso echó atrás su primer texto.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha explicado en la rueda de prensa posterior que con esta modificación legal el sector deja de ser “monopolístico, es un sector liberado”. Entre los aspectos que ha destacado el titular de Fomento del texto aprobado hoy está la necesidad de poseer un certificado de profesionalidad que incluirá unas prácticas profesionales no laborales en instalaciones portuarias que debe ser expedido por un organismo oficial.
Asimismo, se recupera para los estibadores la capacidad de que realizar el desembarque y el embarque de vehículos. No obstante, contempla la posibilidad de que lo hagan terceros con un impacto económico mínimo para un sector que factura más de 60 millones de euros.
El ministro apuntó que es un trabajo no finalizado y que a partir de ahora se entregará el documento a las partes (partidos de la oposición, sindicatos y empresas) para que “trasladen sus sugerencias”. Asimismo, aseguró que el Real Decreto incluye los acuerdos de la mediación que finalizó el pasado 30 de marzo, entre otras cosas, la capacidad de que se pueda producir subrogación.
A priori, las fuentes del Gobierno han deslizado a varios medios a lo largo de esta semana que el Ejecutivo podrá contar con el sí del PDeCAT y con Ciudadanos. Esos dos partidos, unidos al PNV, garantizan la mayoría suficiente para sacar adelante el decreto.
El texto de la reforma que propone el Gobierno ha sido dialogado con las diferentes fuerzas políticas y no con los trabajadores a los que va a afectar directamente. Eso es al menos lo que denuncian los estibadores, que amenazan con convocar una huelga para el próximo día 24 de mayo.
Al respecto, De la Serna apuntó que “hemos mantenido un diálogo permanente con diferentes grupos políticos después de la mediación”. “Nosotros incorporamos una serie de garantías” que reclamaban los profesionales del sector, que incluyen el “mantenimiento de los puestos de trabajo, mejora de las condiciones laborales y el importantísimo volumen de ayudas, que podrían llegar a los 120 millones de euros”.
