El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes a un real decreto ley para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos que, entre otras cosas, aumenta la duración de los contratos de alquiler y pone coto a las fianzas que piden los caseros. De esta manera, la prórroga obligatoria en los contratos pasa de tres a cinco años, tal y como estaban antes de que el Gobierno de Mariano Rajoy redujera este plazo en 2013. En el caso de que el arrendador sea persona jurídica será de 7 años.
Asimismo, según ha explicado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, la “prórroga tácita” pasa a tres años -antes era uno-. Esto supone que la duración del contrato será a partir de ahora de hasta ocho años. A esto hay sumar medidas también en torno a las fianzas. El real decreto anunciado por Ábalos incluye que los caseros no podrán exigir más de dos mensualidades como garantía mientras que ahora tenían absoluta libertad para pedir lo que considerasen oportuno.
También se facilita la adopción de acuerdos para la renovación o mejora de la vivienda en el transcurso de un mismo contrato y se establece también que los gastos de gestión y formalización del contrato “correrán a cargo del arrendador cuando sea persona jurídica”. Además, habrá novedades en torno a las viviendas de alquiler turístico.
Según ha explicado el ministro, se mejora y aclara la remisión de los contratos de alquiler turístico de vivienda a la normativa sectorial turística que resulte aplicable y se da más poder a las comunidades de vecinos para que puedan limitar a condicionar la actividad de estos alquileres destinados al turismo cuando haya mayoría de tres quintas partes de los propietarios.
“Hay también una modificación que afecta a la Ley de Enjuiciamiento Civil que tiene que ver con dar tiempo de paralización del desahucio para conseguir una alternativa habitacional”, ha señalado el titular de Fomento, que ha enumerado algunas de las medidas fiscales que se incluyen en este texto. Entre ellas, la exención del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la suspensión de contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable y permanente y la modificación de la regulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
“Queremos acabar con drama que afecta a proyectos de vida de la gente, muy especialmente de los jóvenes”, ha defendido Ábalos en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, donde ha recordado que el 65% de los desahucios en el tercer trimestre del año fueron consecuencias de impagos en alquiler.
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