El futuro judicial de Puigdemont: ¿Qué le espera tras perder la inmunidad de eurodiputado?

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña

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El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí perdieron la inmunidad como eurodiputados, un escenario que abre la puerta a reactivar su proceso de extradición a España.

Así lo decidió el Pleno del Parlamento Europeo en una votación secreta que salió adelante con el apoyo de los tres grandes grupos que controlan la cámara: populares, socialistas y liberales.

La Eurocámara accedió así a conceder el suplicatorio que solicitó el Tribunal Supremo de España con el fin de retirar la protección parlamentaria que obtuvieron los políticos catalanes al asumir su escaño a principios de 2020.

Su pérdida de inmunidad no significa la entrega automática a España ni asegura su devolución en un futuro, aunque sí permite que de momento se reabra la vía judicial contra ellos

Con esta decisión, Puigdemont y sus exconsejeros seguirán formando parte del hemiciclo pero su futuro en Bélgica dependerá de los tribunales de justicia, que podrán retomar el proceso de examinar las euroórdenes cursadas por España.

VÍA LIBRE A LA EUROORDEN

La pérdida de inmunidad parlamentaria permite a las autoridades reactivar los procedimientos de extradición contra los tres exdirigentes, reclamados por la Justicia española desde finales de 2017 por el referéndum ilegal de independencia en Cataluña.

Urna del referéndum catalán

El juez instructor de la causa, Pablo Llarena, les atribuye los delitos de sedición y malversación como integrantes del Gobierno que convocó la polémica votación y posteriormente declaró unilateralmente la independencia.

Los procedimientos de entrega -que quedaron paralizados con su entrada en la Eurocámara- volverán a ser examinados por los tribunales de Bélgica, en el caso de Puigdemont y Comín, y Reino Unido, en el de Ponsatí.

Asimismo, los políticos catalanes perderán la libertad de circulación por la Unión Europea (excepto España) que mantenían como eurodiputados y podrán ser detenidos a partir de la orden de detención emitida por el Supremo.

El juez Llarena lleva más de tres años tratando de devolver a los líderes independentistas a España, aunque sus euroórdenes sufrieron varios contratiempos en los tribunales europeos.

«Estamos absolutamente tranquilos, sabemos lo que tenemos que hacer y estamos preparados. Aquí hay un jaque mate, y lo único que tienen que decidir es en cuántas jugadas quieren que se lo demos», aseguró el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye

Un primer intento en 2017 fue anulado por discrepancias con el ordenamiento penal de Bélgica, mientras que la reactivación de las peticiones en 2018 cayó por defecto de forma -en el caso de los exconsejeros- y por la denegación de un tribunal de Alemania a entregar a Puigdemont por rebelión.

A esto se sumó la elección de los políticos catalanes en los comicios europeos de mayo de 2019 y su posterior entrada en el Parlamento.

Su pérdida de inmunidad no significa la entrega automática a España ni asegura su devolución en un futuro, aunque sí permite que de momento se reabra la vía judicial contra ellos.

UN PRECEDENTE A TENER EN CUENTA

Puigdemont, Comín y Ponsatí anunciaron que recurrirán la decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), solicitando medidas cautelares para mantener su protección parlamentaria.

El expresidente catalán, Carles Puigdemont (centro), y su exconsejero de Sanidad, Toni Comín (izquierda) posan con sus credenciales de eurodiputados, el 20 de diciembre en Bruselas
El expresidente catalán, Carles Puigdemont (centro), y su exconsejero de Sanidad, Toni Comín (izquierda) posan con sus credenciales de eurodiputados, el 20 de diciembre en Bruselas

No obstante, la acción no impide que se cumpla el levantamiento de inmunidad y se puedan reactivar las euroórdenes.

El caso de los dirigentes independentistas volverá a los tribunales de Bélgica y Reino Unido con un antecedente que podría condicionar las futuras decisiones de los jueces europeos.

El pasado enero, el Tribunal de Apelación belga denegó en firme la extradición de otro exconsejero catalán, Lluís Puig, argumentando la falta de competencia del Tribunal Supremo para pedir su vuelta a España y las dudas sobre un juicio justo.

La defensa de los eurodiputados se mantiene optimista, ya que espera que las resoluciones judiciales sobre sus antiguos compañeros de Gobierno se orientarán en el mismo sentido.

«Estamos absolutamente tranquilos, sabemos lo que tenemos que hacer y estamos preparados. Aquí hay un jaque mate, y lo único que tienen que decidir es en cuántas jugadas quieren que se lo demos», aseguró el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, en declaraciones a la televisión española (TVE).

LA JUSTICIA ESPAÑOLA PREPARA TERRENO

Ante la posibilidad de que los tribunales se nieguen a entregar a los independentistas, el juez Llarena ya emprendió un nuevo frente con el planteamiento de una serie de cuestiones prejudiciales a la justicia europea.

Pablo Llarena Conde, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura

El magistrado español pretende que al TJUE se pronuncie sobre el funcionamiento de las órdenes de detención europeas, para conocer su margen legal y los criterios de un tribunal para poder denegarlas.

Con esto busca adelantarse a una posible denegación de las euroórdenes sobre Puigdemont, Comín y Ponsatí y evitar que se repita el precedente de Puig.

A juicio de la defensa de Puigdemont, esta batalla está perdida porque el fallo que rechazó extraditar al otro exconsejero se basaba en la jurisprudencia del TJUE.

«Es un tema que no podremos dar por resuelto antes de meses, porque por un lado los eurodiputados presentarán sus correspondientes recursos el TJUE, y por otro están en marcha las preguntas formuladas por el juez instructor al mismo tribunal», explica el catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, Xavier Arbós.

Si Luxemburgo toma en cuenta el caso de Puig y no desautoriza a la justicia belga en su respuesta al juez, «la entrega de los tres europarlamentarios a la justicia española se puede descartar», afirma el jurista.

Por este motivo, con la cuestión planteada al TJUE el Supremo busca disipar cualquier duda antes de decidir cómo actuar.

«La justicia española no está nada contenta, no solo por la normal frustración de no ver atendidas sus peticiones, sino también porque hay una cuestión de fondo y argumentos jurídicos que hasta ahora no se dilucidaron plenamente por parte de la UE», expone Arbòs.

Ante las coincidencias de dos estrategias llevadas en paralelo al TJUE, por parte de los eurodiputados y la justicia española, es posible que la respuesta del alto tribunal se demore.

Una visión favorable al Supremo abriría la posibilidad a que los tribunales europeos autoricen definitivamente la entrega de los independentistas a España.

Por el contrario, según Arbòs, un aval a las resoluciones belgas significaría «una especie de desautorización» a Llarena y a las actuaciones de la justicia española contra los políticos huidos.

«El hecho de que no sólo haya la negativa de la justicia alemana en su momento y después la belga, sino también una negativa de la justicia europea, no dejaría en muy buen lugar a la española», concluye el catedrático español.