El FROB solo ha recuperado en los juzgados 20 millones por las irregularidades de las antiguas cajas

Así lo señala el FROB en su Memoria de Actividades de 2020, donde explica que «continúa con su labor de persecución y penalización de aquellas conductas irregulares que fueron detectadas en el seno de las distintas entidades de crédito receptoras de ayudas públicas».

El origen de los procedimientos es diverso. De los que estaban activos a principios del ejercicio, once fueron iniciados por denuncia de los administradores provisionales que designó el FROB en una entidad intervenida, en tanto que siete se iniciaron a raíz de los diversos informes forensic que el FROB encargó a varias consultoras independientes.

«En aquellos casos en los que se detectaron conductas irregulares, se pusieron en conocimiento de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada para que lo investigara e iniciara las diligencias oportunas», ha señalado el FROB en su Memoria. En total, se han puesto 57 informes forensic en conocimiento de dicha Fiscalía Especial.

Otros tres fueron iniciados por denuncias de terceros en los que desde el juzgado correspondiente «se hizo el oportuno ofrecimiento de acciones al FROB para que se personara».

Los 21 procedimientos se encuentran en diferentes fases de tramitación, si bien la mayoría están «muy avanzados», según señala el FROB, ya que las instrucciones ya han finalizado, a excepción de dos procesos que se mantienen en esa fase debido a la complejidad de las causas.

De los 19 procedimientos restantes a cierre del ejercicio analizado, 13 se encontraban en juicio oral, mientras que en seis ya se habían obtenido sentencias de la Audiencia Nacional, de las que cinco fueron condenatorias. No obstante, se encuentran aún pendientes de resolver tres recursos de casación por el Tribunal Supremo.

El FROB destaca en su memoria una sentencia en concreto, la de la salida a Bolsa de Bankia, en la que resultaron absueltas 31 personas físicas y 3 personas jurídicas y para la cual no han interpuesto ningún recurso, al igual que el Ministerio Fiscal.

En el contencioso administrativo, no queda ningún recurso de los originados por las acciones dirigidas contra actuaciones llevadas a cabo por el FROB en procesos de reestructuración y resolución desarrollados bajo el marco de la derogada Ley 9/2012.

Todos los pronunciamientos judiciales obtenidos ratificaron la legalidad y conformidad a derecho de la actuación administrativa que fue llevada a cabo por el FROB al amparo.

Sin embargo, siguen su curso los recursos interpuestos frente a la actividad administrativa desarrollada por el FROB en el marco de su nuevo régimen de actuación.

En concreto, sigue pendiente la tramitación de los procedimientos mediante los que se recurre la resolución de la Comisión Rectora del FROB del 7 de junio de 2017, por la que se adoptaron «las medidas necesarias para ejecutar la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) sobre la resolución del Banco Popular Español».

Esos recursos continúan suspendidos en espera de que recaiga una resolución definitiva en los recursos de anulación formulados contra la Decisión de la JUR.

Asimismo, está suspendido el procedimiento relativo al recurso interpuesto por el FROB frente a una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno hasta que recaiga resolución definitiva del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sobre los asuntos tramitados ante el mismo en los que se dilucida la conformidad a derecho de la Decisión de la JUR.

En el ámbito civil-mercantil, el FROB menciona un nuevo procedimiento civil ante la demanda planteada a finales del pasado ejercicio por una entidad adquirente cuya identidad no desvela y que exige al FROB que asuma determinados perjuicios resultantes de ajustes en el perímetro de una cartera de créditos que, según la demandante, estarían cubiertos por una de las garantías concedidas en el proceso de venta.

El Fondo cuenta además con tres procesos pendientes de resolver por el Tribunal Supremo sobre el alcance e interpretación de las garantías otorgadas por el FROB a las entidades adquirentes en los procesos de resolución.

El año pasado el FROB resolvió seis solicitudes de acceso a información, en tanto que las reclamaciones presentadas en relación con las solicitudes de acceso a información relativa a la implementación del dispositivo de resolución de Banco Popular Español y que aún no se han resuelto continúan suspendidas a la espera de que se resuelva el recurso contencioso-administrativo.

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