Francisco Granados, exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid
La Audiencia Nacional ha dado este martes el pistoletazo de salida al primer juicio por la trama Púnica, en el que se investiga el supuesto chivatazo al ex consejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, para el que Anticorrupción solicitará tres años de cárcel. Tras rechazarse todas las cuestiones previas planteadas por la defensa de Granados, como la nulidad de las escuchas telefónicas, la Fiscalía ha acusado al ex secretario general del PP madrileño de “amurallarse” para tener impunidad.
Granados, según el fiscal, se rodeó de un grupo de funcionarios y fuerzas de seguridad que le “amurallaron para conseguir su impunidad”. Asimismo, recoge EFE, la Fiscalía ha manifestado que los soplos al ex consejero sobre la investigación de la Púnica fueron “una constante”.
La fiscal Carmen García Cerdá ha defendido que la intervención de la conversación sobre el chivatazo ha sido una prueba más de las “muchas las veces en que se ha puesto de manifiesto ese intento de conseguir información” por parte de Granados. Algo que “entraba dentro de lo esperado y que confirmó el abuso de poder y la influencia que ejercía” en Valdemoro, municipio de la región en el que fue alcalde.
Por tanto, continúa la mencionada agencia, la fiscal ha reiterado que las intervenciones telefónicas fueron ordenadas ante los “indicios suficientes y sólidos sobre ese abuso de poder y tráfico de influencias”. Para García Cerdá, Granados construyó “un entramado clientelar”.
Asimismo, la defensa de Granados se ha quedado de que no se juzgue también por estos hechos al considerado su socio en la trama, David Marjaliza, ya que él se benefició asimismo de este chivatazo para destruir pruebas.
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