El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en una imagen de archivo. (Foto: FGE)
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la Abogacía del Estado –en defensa de García Ortiz– denuncia una «vulneración del derecho a un juicio justo y con todas las garantías y a la presunción de inocencia, por la construcción de un juicio paralelo que se está realizando por las acusaciones particular y populares en los medios de comunicación».
Los Servicios Jurídicos del Estado señalan que este «juicio paralelo» viene propiciado por las «filtraciones ilegales» del contenido de «las diligencias de instrucción e informes sobre los dispositivos electrónicos o de los mensajes privados –o ausencias de mensajes– que en ellos se hayan encontrado», que aseguran que se han traducido en «una divulgación interesada y sesgada de esta información», calificándola incluso de «información hostil».
A su juicio, «la difusión del contenido de la instrucción sobre el contenido de esos informes se ha visto agravada por la difusión por parte de las acusaciones de los escritos en los que interesaban las diligencias que se iban a practicar, anticipando incluso las valoraciones jurídicas sobre el efecto indiciario o incriminatorio que ello suponía».
En este sentido, lamentan que las filtraciones pueden «hacer llegar al proceso informaciones sobre los hechos que no están depuradas por las garantías que ofrecen los cauces procesales». «En especial, aquellas que no solo cuestionan los hechos investigados sino que vienen a pretender un enjuiciamiento general de todos los integrantes de una institución como la Fiscalía General del Estado», destacan.
Aclaran que «no se pone en cuestión la necesaria publicidad de un asunto penal de la trascendencia e interés público que representa esta causa especial», sino una difusión que puede «crear un estado de opinión sobre el proceso y el fallo de tal manera que el público se forme la convicción de que la sentencia no pueda ser otra que la de la condena».
«Aunque ello no haya influido en la decisión del tribunal: pueden llegar a menoscabar, según sea su tenor, finalidad y contexto, la imparcialidad o la apariencia de imparcialidad de los jueces y tribunales, ya que la publicación de supuestos o reales estados de opinión pública sobre el proceso y el fallo puede influir en la decisión que deben adoptar», advierten.
Por ello, la Abogacía insta al instructor del caso, Ángel Hurtado, a que, «como garante de estos derechos fundamentales y del derecho a un proceso con todas las garantías, adopte las decisiones oportunas para impedir la difusión en los medios de comunicación de este tipo de informaciones (por) parte de las acusaciones particular y populares».
En concreto, le reclama «la adopción de medidas cautelares que permitan evitar que se produzcan nuevas vulneraciones de ese derecho a la intimidad o, al menos, que permitan acreditar de manera suficiente quién o quiénes pueden ser los profesionales responsables de estas filtraciones».
De no hacerlo, avisa a Hurtado de que «se estaría amparando este tipo de juicio paralelo», provocando «un menoscabo en la apariencia de imparcialidad del magistrado instructor al consentir la publicación de supuestos o reales estados de opinión pública sobre el proceso y las decisiones a adoptar que puede influir en la decisión que deba adoptar».
La defensa achaca esta situación a «la exacerbación injustificada de las acusaciones», sosteniendo que «la presencia y el mantenimiento de varias partes acusadoras en el proceso desarrollando este tipo de actividad ilícita introduce unos indebidos equilibrios, hipertrofiando las expectativas de éxito de la acción penal y menoscabando, con ello, las de la defensa».
En consecuencia, también pide a Hurtado que «se considere que estas actuaciones constituyen un abuso en el ejercicio de su derecho como acusación, que puede afectar gravemente a la marcha de la causa y, en consecuencia, y previo traslado a las partes, acuerde su agrupación en una sola acusación».
Además, solicita a Hurtado que abra una pieza separada en base al artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que permite multar a quien «revelare indebidamente el contenido del sumario» con entre 500 y 10.000 euros.
Los Servicios Jurídicos del Estado hacen un detallado relato de las resoluciones judiciales e informes de la UCO que se han difundido, deteniéndose en particular en el análisis de la Guardia Civil sobre el teléfono móvil de García Ortiz, que contenía los números de sus dos líneas telefónicas, entre otros datos técnicos del terminal y sus tarjetas.
Para la defensa, la difusión de estos datos «constituye una vulneración del derecho a la protección de estos datos personales» y urge a que el «responsable del tratamiento de estos datos en el presente proceso judicial» comunique «a la autoridad de control de protección de datos –Consejo General del Poder Judicial, a través de la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos– la existencia de esta vulneración», así como las medidas que se vayan adoptar».
Asimismo, dice que «en esa comunicación deberá igualmente informarse de difusión en los medios de comunicación del mencionado oficio de la UCO con esos datos, en orden a evaluar la mayor extensión de la brecha de seguridad producida, así como las medidas adoptadas para garantizar la protección de dicho derecho, documentando adecuadamente todas las decisiones que adopte».
Y, además, emplaza a Hurtado a «que se adopten las medidas necesarias para garantizar la anonimización, pseudoanonimización o supresión de todos aquellos datos de carácter personal que afecten los dispositivos móviles de los investigados y que no sean estrictamente necesarios para garantizar la tutela judicial efectiva que se está desarrollando en este proceso penal».
Por otro lado, recuerda que estas pesquisas judiciales partieron de una querella de González Amador por la nota de prensa difundida por la Fiscalía a las 10:20 del 14 de marzo con la que pretendía desmontar lo que considera un «bulo». El comunicado daba cuenta de un cruce de correos electrónicos donde se evidenciaba que fue la defensa del novio de Díaz Ayuso quien ofreció pactar al fiscal que le investigaba por presuntos delitos fiscales y no al revés, como se publicó inicialmente.
A este respecto, lamenta que «se está trasladando a la opinión pública la convicción de la existencia de una actuación ilegal, cuando lo que se analiza en la instrucción es el desarrollo de las funciones legítimas del Ministerio Fiscal de informar objetivamente a la opinión pública ante unas inexactitudes y juicios paralelos que ponían en cuestión la defensa de la legalidad y aún la regularidad del proceso penal».
Así, recuerda que, aunque «se ha omitido o minimizado toda referencia a la existencia de estas informaciones falsas que motivaron la reacción institucional del Ministerio Fiscal», imputándole «unas ‘intenciones’ de perjudicar a un particular o a un determinado político», la nota de prensa «constituye una respuesta a una información previamente difundida que era errónea y que cuestionaba la legalidad de la actuación de los representantes del Ministerio Fiscal y aún del propio proceso penal seguido frente al señor González Amador».
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