El ex número dos de Interior con el PP recurre su imputación en la causa de las presiones a Bárcenas

En un escrito de su defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, apunta que ni la acusación particular de Gómez de Liaño explicó en su petición de citación si Martínez debía comparecer en calidad de testigo o de investigado, ni la Fiscalía detalló qué concreto delito del Código Penal le debe ser imputado.

Advierte, al hilo, de que en esta pieza concreta del ‘caso Villarejo’, la 36, “se dilucidan cuestiones acaecidas hace más de 10 años” y lamenta que el auto del juez Manuel García Castellón “copie literalmente” y “palabra por palabra” el escrito del fiscal y por tanto incurra en el mismo error de no detallar delito alguno.

“Por mucho que las calificaciones jurídicas puedan ir evolucionando a lo largo del procedimiento, en función de las pruebas que se practiquen, la diferencia entre un procedimiento jurisdiccional y otros fenómenos como tertulias o debates radica en que el proceso está encaminado a acreditar la concurrencia de un delito”, critica la defensa de Martínez.

Apunta, además, que según sostiene el juez en su resolución “ningún testigo o investigado ha avalado la intervención” de Martínez en los hechos y que su declaración como investigado se sustenta “en unos apuntes de una agenda” localizada al comisario José Manuel Villarejo en la que se supone que se refiere al ex ‘número dos’ de Interior como ‘Chisco’. “Cuando en la Pieza 7 o Kitchen Policía y Fiscalía le refieren como ‘Choco’, no habiendo llamado nadie, jamás, ‘Chisco’ a Martínez y tampoco ‘Choco’”, detalla.

Así, subraya la defensa que “no se puede investigar penalmente a una persona en un país supuestamente serio (…), sobre unos apuntes telegráficos, solo palabras sueltas, de una agenda en la que no se refieren nominalmente al individuo supuestamente infractor, y máxime cuando el señor Villarejo no lo ha mencionado en ningún momento cuando declaró en esta misma pieza como testigo”.

En este sentido, la defensa plantea que no entiende cómo puede ser citado Martínez como imputado y Villarejo como testigo “cuando, se supone por mera lógica interna, que habría participado junto a Martínez en lo que sea que le quieran imputar”. Y tampoco ve lógico que la que fuera secretaria general del PP María Dolores de Cospedal haya declarado como testigo y en cambio Martínez lo haga como investigado. A esto suma que si García Castellón, en piezas como la 7 (‘operación Kitchen’), ha considerado insuficiente como indicio grabaciones troceadas, “con mayor motivo deberían calificarse como insuficientes unos indicios que consisten en garabatos manuscritos”.

Han pasado ya más de 10 años

Por último, el escrito hace referencia a la prescripción de los hechos dado que ya han pasado más de 10 años, y eso que, advierte, ni siquiera se especifica el delito que se le imputa. “En el informe del Ministerio Fiscal, se concretan hechos del 7 de octubre de 2013, siendo lo demás un supuesto agotamiento del supuesto delito que se supone pudiera haber cometido por el señor Martínez”, añade.

Al hilo, explica que no es lo mismo sostener Martínez planificara el delito a que “fuese informado de algo que hizo la Policía Nacional por su cuenta”. Y recalca que niegan expresamente “cualquier conocimiento” de los hechos por parte del ex secretario de Estado.     Cabe recordar que fue la pasada semana cuando el juez acordó citar como investigados tanto a Martínez como al que fuera Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino. En el auto explicaba que lo hacía en base a los elementos de cargo “derivados de las denominadas agendas del investigado José Manuel Villarejo Pérez”.

En ese mismo auto, rechazó citar al que fuera director de la Policía Ignacio Cosidó y al abogado del Estado en excedencia Alejandro Auset porque ninguna de las declaraciones practicadas a lo largo de la instrucción y ninguno de los documentos aportados al procedimiento ha puesto de relieve algún tipo de conexión.

Esta investigación se enmarca en la pieza separada número 36 del ‘caso Villarejo’, que se abrió para investigar las presuntas presiones ejercidas sobre Bárcenas y el exmagistrado para que no se publicaran informaciones sobre el PP vinculadas a la trama ‘Gürtel’. Y que se abrió a raíz de la inhibición del Juzgado de Instrucción Número 2 de Marbella, acordada tras unas diligencias en las que se había ordenado la entrada y registro en el domicilio de Halit Sahitaj y Jana Kleiner.

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