Proyecto Castor
El Estado tendrá que pagar 1.350 millones de euros a Banco Santander, CaixaBank y Bankia por el dinero que estos tres bancos adelantaron en su momento para compensar a ACS y al grupo canadiense Dundee por la cancelación del almacén de gas Castor, según establece una sentencia del Tribunal Supremo conocida hoy.
El alto tribunal aclara que “se impugna la desestimación por silencio por parte del Consejo de Ministros” de la reclamación de daños y perjuicios que habían solicitado los tres bancos por la adquisición de un derecho de cobro de 1.350 millones de euros por la indemnización que, por ese mismo importe, debió pagarse, por cuenta del Estado, a la concesionaria del depósito de almacenamiento de gas Castor, una vez acordada la hibernación de dichas instalaciones.
En su sentencia, conocida este jueves, el alto tribunal estima parcialmente el recurso de los bancos, que en abril de 2018 presentaron ante el Ejecutivo una “reclamación de responsabilidad del Estado legislador” en la que le instaron, sin éxito, a la devolución del dinero aportado.
Las entidades formularon dicha reclamación después de que el Tribunal Constitucional declarara nulo varios artículos del real decreto-ley que permitió a Escal UGS, empresa controlada por ACS, cobrar una indemnización por la paralización del almacén de gas, en su calidad de concesionaria inicial de las instalaciones. En opinión de los bancos, tal decisión no debía ocasionar ninguna pérdida a quien ha financiado a los poderes públicos para facilitar una medida de interés general. Si no fuese así, argumentaban, el poder público se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades.
Sin embargo, el Consejo de Ministros desestimó, mediante silencio, la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, motivo por el que Banco Santander, CaixaBank y Bankia recurrieron ante el Supremo.
En ese sentido, la sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo cree que “es indudable que se ha generado el daño”, no sólo porque las tres entidades no pudieron hacer efectivo su derecho a cobro, sino porque además tuvieron que devolver las cantidades recibidas con anterioridad al fallo del Constitucional. En materia de indemnización, la sala indica que los 1.350 millones de euros se repartirán de la siguiente forma: el 50,9%, para el Banco Santander; el 34%, para CaixaBank, y el 15%, para Bankia.
La decisión de hibernar el almacén Castor se tomó en 2014, después de los seísmos registrados en la zona en septiembre de 2013. En 2017, el Gobierno, entonces del PP, decidió no reabrir las instalaciones ante el riesgo de nuevos terremotos tras recibir un informe encargado al MIT y a la Universidad de Harvard.
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