El Defensor del Pueblo pide viviendas para los afectados por los pisos vendidos a fondos buitre

Francisco Fernández Marugán
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El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha recomendado a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de Madrid que articulen un procedimiento para asignar viviendas a los inquilinos de los pisos públicos que vendieron a fondos “con el fin de atender sus necesidades habilitaciones de manera ágil y eficaz”. La institución recuerda además que ya en 2013 avisó a las administraciones de “las posibles irregularidades en que podrían haber incurrido en la operación de venta”.

En un comunicado, el Defensor informó de que mantiene abierta una actuación tras recibir “numerosas quejas de ciudadanos que tuvieron que abandonar sus hogares tras la venta de su vivienda a fondos de inversión, bien porque la empresa les comunicó la no renovación del contrato, bien porque no podían hacer frente a las nuevas condiciones impuestas”.

Marugán solicitó información a las administraciones, que indicaron que los inquilinos de los pisos vendidos podían solicitar nuevamente una vivienda pública por los distintos procedimientos establecidos para ello, en los que, no obstante, tienen que participar en igualdad con otros ciudadanos solicitantes. No obstante, según el Defensor, “muchos” de los afectados que optaron por solicitar la adjudicación de otra vivienda pública protegida, “han visto que sus solicitudes quedaban en lista de espera, por lo que han tenido que hacer frente nuevamente a la demora y opacidad del procedimiento de adjudicación”.

Además, en su opinión, estos ciudadanos “no tienen obligación de solicitar nuevamente la adjudicación de una vivienda, pues ya cuentan con un derecho reconocido a disfrutar de una vivienda pública protegida y, por tanto, la adjudicación continúa siendo válida y eficaz si sus condiciones personales, sociales y económicas no han variado”.

Por ello, en escritos remitidos a la Agencia de Vivienda Social madrileña y a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, el Defensor insiste en que son las administraciones la que “tienen el deber de proporcionar una vivienda en las mismas condiciones de la adjudicación inicial en cuanto a tamaño y renta”.

Además, remarca que dicho derecho no se encuentra ligado a una vivienda concreta, sino “a la necesidad de vivienda que tienen los interesados, y mientras ésta persista también lo hará su derecho”.

Por tanto, a juicio de la Institución, la adjudicación “continúa en vigor, con independencia de las actuaciones llevadas a cabo entre la empresa privada propietaria del inmueble y los adjudicatarios”.

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Por otro lado, la reciente resolución del Tribunal Supremo por la que se rechazan los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y el fondo de inversión que compró las viviendas contra la sentencia dictada en mayo pasado por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad, “está en línea con lo advertido por el Defensor del Pueblo en sus actuaciones y en sus Informes Anuales”. No obstante, “parece compleja la ejecución material de la misma, que se recuperen las viviendas y, en consecuencia, solventar el problema habitacional en el que se encuentran los afectados”.