Vivienda pública

El Supremo confirma la nulidad de la venta de 3.000 pisos del Ivima a fondos buitres

El Tribunal Constitucional tumba los recursos de la Comunidad de Madrid y Azora y confirma la nulidad de la venta de 2.935 viviendas sociales del Ivima a Goldman Sachs.

Tribunal Supremo

Jarro de agua fría de la justicia a la Comunidad de Madrid y Azora. El Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos presentados por ambas partes contra la nulidad de la venta de casi 3.000 viviendas sociales del Ivima al fondo buitre Azora-Encasa Cibeles. Este órgano judicial, confirma, por tanto, lo ya dicho por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Así lo recoge la Plataforma de Afectadas por Vivienda Pública y Social en su cuenta de Twitter, desde la que celebra la decisión del Supremo tras “casi siete años de batallas en los tribunales, en las calles y en las puertas de cada vivienda amenazada de desahucio”. Ahora, afirman, “estamos más cerca de conseguirlo”, aunque no quieren “cantar victoria definitiva”, ya que quedan por resolverse los recursos plateado por el Gobierno regional y Azora ante la Sala Especial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

“No obstante, la esperanza es cada vez mayor y la victoria para cuentos de familias está más cerca que nunca”, destaca esta plataforma.

Para este colectivo “el Supremo lo ha dejado claro: el propietario de esas viviendas debe volver a ser el Ivima o más bien, nunca debió de dejar de serlo”.

Todas las veces que el PP (y C’s) se opuso a recuperar las viviendas vendidas a fondos buitres en Madrid

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Esta decisión judicial supone un duro varapalo para la Comunidad de Madrid y, en concreto, para la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que tendrá que gestionar este asunto heredado por sus antecesores.

Esta sentencia llega cuando ya hay varias de estas viviendas vendidas desde hace algunas semanas. Encasa Cibeles, pese a que el Supremo aún no se había pronunciado, vendió 1.159 apartamentos, 505 en el mercado libre y 654 tras ejecutar los inquilinos originales su opción de compra preferente a un precio protegido, según publicó en su día El País.

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