El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha pedido al Ministerio del Interior que proteja la integridad física y moral de las mujeres que van a abortar, así como su derecho a la libre circulación, frente al «acoso» que han denunciado que sufren a las puertas de las clínicas. En concreto, ha sugerido a Interior que adopte medidas preventivas concretas en el marco de las competencias policiales, «sin perjuicio del respeto a los derechos y libertades fundamentales de otros ciudadanos».
Además, el Defensor del Pueblo ha recomendado a la Dirección General de la Policía, dependiente de Interior, que garantice la intimidad de las mujeres que acuden a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo.
El Defensor del Pueblo abrió una actuación el año pasado tras recibir la queja de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). Esta organización denunciaba «acoso» a las mujeres que acuden a este tipo de centros y documentaba «numerosos casos de hostigamiento» en toda España.
En su queja, ACAI proponía la creación de «espacios seguros alrededor de las clínicas de abortos para que se respete el derecho a la libre circulación de las mujeres», una propuesta que el Defensor valora «positivamente» pues «permite el ejercicio en el espacio público de todos los derechos fundamentales en juego, igualmente atendibles».
Por ello, y «a la vista de la reiteración de este tipo de incidentes», la institución reclama a la Administración un tratamiento «global y preventivo» que garantice el pleno ejercicio de los derechos fundamentales concurrentes, «sea cual sea la posición de los ciudadanos en una sociedad real y constitucionalmente pluralista».
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