La institución que preside Ángel Gabilondo inició una actuación ante la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades tras recibir una queja de la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos en la que manifestaba su desacuerdo con el criterio de renta familiar fijado en las convocatorias para el acceso a las becas que concede la Comunidad de Madrid para cursar estudios en centros privados de Educación Infantil, Bachillerato y Formación Profesional.
En un comunicado explica que ha realizado esta recomendación con la intención de que éstas cumplan “la finalidad de compensar al alumnado con desigualdades socioeconómicas desfavorables”, recoge Europa Press.
El Defensor del Pueblo toma en consideración la limitación de recursos disponibles y la obligación legal de garantizar el derecho a la educación de estudiantes de familias con rentas más bajas para subrayar “la falta de adecuación al principio de equidad que supone facilitar el acceso a ayudas para estudios a alumnado con rentas altas y negar el acceso a becas de comedor escolar a alumnado que se encuentra por debajo del umbral de la pobreza”.
La FAPA Francisco Giner de los Ríos manifestó en su queja que la regulación establecida por la Comunidad de Madrid no atendía a la finalidad de las becas de garantizar, en la medida de lo posible y dentro de las limitaciones presupuestarias, “la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación” con el objeto de “evitar discriminaciones por razones económicas”.
La Consejería, por su parte, apuntó, en un informe remitido al Defensor, que la orden 1533/2022 de 2 de junio por la que se aprobó la convocatoria de becas para el estudio de Bachillerato, vincula la concesión de las becas “a la defensa de la excelencia académica” y a la voluntad de “apoyar la libertad de elección de centro de las familias”, algo que, a juicio de la defensoría, no ocurre, ya que las ayudas “se conceden sin tomar en consideración el expediente académico”.
El Defensor subraya en la recomendación que aunque no le corresponde determinar los umbrales de renta que dan acceso a las ayudas, sí ha analizado el informe recibido de la Consejería para determinar si los criterios para la fijación de esos umbrales son compatibles con la finalidad que las justifica de atender a los ciudadanos con condiciones socioeconómicas desfavorables y recomienda que éstos “sean revisados”.
Madrid defiende que las becas buscan “garantizar la libertad de elección educativa”
Ante esta recomendación del Defensor del Pueblo, fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades han recordado que estas becas para cursar estudios en centros privados de primer ciclo de Educación Infantil, Bachillerato y Formación Profesional tienen como objetivo “garantizar la libertad de elección educativa” a las familias de la región y da prioridad a aquellos alumnos “con menos recursos económicos”.
Así, recuerdan que las ayudas ofrecidas persiguen que los hijos de estas familias no tengan que cambiar de colegio al pasar a una etapa no obligatoria y que no está concertada debido a circunstancias socioeconómicas.
Además, recalcan, para su concesión se prioriza a los alumnos con menos recursos económicos, tal y como la Consejería ha trasladado al Defensor del Pueblo ante sus requerimientos, sostienen.
Por otro lado, las mismas fuentes señalan que el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2024 incluye una partida de más de 250 millones de euros al programa de becas y ayudas al estudio no universitario, un 36,5% más que en las anteriores cuentas regionales, las de 2022. Todo ello, insisten, para “seguir cumpliendo el compromiso del Ejecutivo autonómico con la formación de calidad de los alumnos, la mejora educativa, la defensa de la excelencia académica y la innovación”.
