El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en una imagen de archivo.
Según informan estas organizaciones sindicales, el Defensor del Pueblo “ha comunicado su decisión de admitir a trámite la solicitud e iniciar el proceso”. De esta manera, detallan en una nota conjunta CCOO, UGT, AMYTS, SATSE y CSIT, “ha contactado con la Consejería de Sanidad solicitándole informe a este respecto”.
En este sentido, los sindicatos confían en que el departamento de Enrique Ruiz Escudero “no haga lo que acostumbra, que es dilatar la contestación, para que este asunto se pueda resolver lo antes posible”. Madrid cuenta con un total de 11.300 personas contratadas como refuerzo frente a la pandemia.
Tal y como remarcan estas organizaciones, “esta es solo una de las vías de defensa que desde la Mesa Sectorial hemos planteado y seguimos trabajando para defender a la Sanidad pública” en la región.
En su queja alertaron al Defensor del Pueblo de la “trampa” que se vive con estos contratos covid. “La mayoría de estos profesionales no han sido de reciente incorporación a través de dichos nombramientos, sino que son personal que vienen encadenando nombramientos y contrataciones temporales para el Servicio Madrileño de Salud desde hace mucho tiempo, teniendo en su mayoría una ingente cantidad de nombramientos temporales y en consecuencia una extensa y dilatada prestación de servicios para el SERMAS”, afirman.
Se tratan de profesionales que son un “recursos imprescindible e indispensable para la actualidad sanitaria en la que nos vemos inmersos” como son las listas de espera, las olas y brotes sucesivos o el cierre de los servicios de urgencias de Atención Primaria, detallan en su petición de amparo.
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