Así se desprende de un estudio de la plataforma Envejecimiento en Red, que surge de la colaboración entre la Fundación General CSIC y el Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD) del CSIC. Un análisis realizado por María Victoria Zunzunegui, doctora en Epidemiología y profesora honoraria de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Montreal. En primer lugar, aclara que las 30.117 muertes en residencias se quedarían cortas. La cifra sería superior, ya que muchas personas fallecieron con sospecha de covid, pero sin confirmación de prueba diagnóstica.
Además, remarca que desde el verano en Madrid “no se incluyen como defunciones por covid en residencias aquellas de personas que han fallecido por covid en el hospital después de su traslado para recibir la asistencia sanitaria adecuada”. Según sus estimaciones, en la Comunidad más de 2.500 mayores perdieron la vida. Y es que esta región es la que mayor exceso de mortalidad ha registrado.
Según explica la plataforma, en 2020 había 383.816 plazas para personas mayores en centros socio-sanitarios en las 17 comunidades autónomas. “Se podría suponer que las defunciones por covid-19 se distribuyen de forma proporcional al número de residentes en cada comunidad”, afirma el estudio. Esto supondría que si Cataluña tiene el 16,3% de las plazas de residencia, registraría el 16,3% de las 30.117 defunciones totales en España. Es decir, 4.907 muertes. No obstante, fallecieron en esta región 5.501 mayores, 594 defunciones más. Un exceso de mortalidad que muestra a través de un porcentaje: (594/4.907)*1000=12%.
Envejecimiento en Red analiza así el exceso (o el defecto) de mortalidad si las defunciones ocurrieran de forma proporcional al número de residentes. Así, concluye que la Comunidad de Madrid es la que mayor número de fallecidos por usuarios de residencias ha tenido, con el 52,9%.
La explicación, apunta el estudio, se debe a que “aplicó un protocolo de exclusión de la atención sanitaria en los hospitales de referencia a los residentes enfermos que tenían deterioro cognitivo o discapacidad motriz”. Asimismo, recoge que “no se medicalizó las residencias”. Y eso, “a pesar de que hubo sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que se llevara a cabo la medicalización”. De esta manera, incide la plataforma, “solo se trasladaron a hospitales privados aquellos residentes con seguros privados”.
Castilla-La Mancha, La Rioja… y Canarias
Muy por detrás de Madrid están las residencias de Castilla-La Mancha, que tienen un exceso sobre la mortalidad esperada del 27,9%, La Rioja, con un 22% y Navarra, con un 20,9% son las siguientes. Por el contrario, en los centros de Canarias, que contaba con 7.276 plazas en febrero de 2020, han fallecido por covid-19 “muchas menos personas de las que cabría esperar”. “Concretamente han fallecido 80 personas cuando se esperaría que hubieran fallecido 571, es decir, hay un defecto de 491 defunciones que corresponden a un 86%”. También se observan menos defunciones de las que se podría esperar por el volumen de plazas en Galicia, Cantabria, Asturias, Andalucía, Islas Baleares, País Vasco y Murcia.
“Reflejo de la gestión”
“Estas variaciones en excesos de mortalidad en residencias entre comunidades son un reflejo de la gestión de la pandemia dentro y fuera de las residencias”. Según el estudio de la plataforma, “muchas defunciones se podrían haber evitado si hubiera existido un objetivo claro de reducir la probabilidad de invasión del virus en las residencias protegiendo a la población mayor con altísimo riesgo de mortalidad en caso de infección”.
En su opinión, “la falta de protección ha causado muertes prevenibles y prematuras en todas las comunidades de España, pero hay grandes diferencias” entre autonomías “que distinguen el buen hacer del mal hacer”. Por ello, defiende que es urgente “explicar lo ocurrido para evitar su repetición”.
