05-05-2021 El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá interviene durante la presentación del acuerdo de colaboración firmado entre el Ministerio de Inclusión, AMAT y la Fundación CEOE en la Sede del Ministerio, a 5 de mayo de 2021, en Madrid (España). El acuerdo se firmó el pasado mes de abril con el fin de que las empresas puedan vacunar contra el coronavirus a través de las mutuas. En el caso de que sea necesario, cada comunidad autónoma podría pedir ayuda a las grandes empresas para utilizar las capacidades logísticas y el personal sanitario de las mutuas de accidentes y vacunar en los próximos meses. ECONOMIA Cézaro De Luca - Europa Press
Según ha informado el sindicato CSIF en un comunicado, la sentencia del TC señala que «el Gobierno hizo un mal uso del real decreto» pues «el traspaso a la Seguridad Social no reunía los requisitos de urgente y extraordinaria necesidad».
En este contexto, el sindicato explica que solicitó al Ministerio de Seguridad Social «una aclaración sobre las consecuencias de dicho traspaso de gestión» por una «situación generó una gran incertidumbre en el colectivo de funcionarios», que vieron «recortados sus derechos de pensión» y que ha provocado «una oleada de jubilaciones anticipadas».
El PP presentó ante el Pleno del Tribunal Constitucional un recurso, que fue admitido a trámite el pasado mes de julio y que estaba pendiente de resolución. El decreto se tramitó finalmente como proyecto de ley, por lo que admitirá enmiendas. CSIF ha hablado con las formaciones del Congreso y entre las enmiendas presentadas se encuentra la denuncia del sindicato y del PP de que no existía «urgente y extraordinaria necesidad» para aprobar un decreto que ni siquiera se negoció con los sindicatos.
El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye fundamentalmente al personal militar y a funcionarios de la Administración General del Estado, de la Administración de Justicia, de las Cortes Generales y de otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas.
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