Tribunal Constitucional
Así han resuelto los magistrados, en un Pleno que ha arrancado con un minuto de silencio “en memoria de los fallecidos y en apoyo a los pueblos y familias afectadas por los efectos de la DANA”, según ha informado el TC.
Se trata del primer recurso de inconstitucionalidad al que da curso la corte de garantías, ya que hasta ahora solo había admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad lanzada por el Tribunal Supremo.
Además, el Pleno ha ventilado la última de las recusaciones planteadas en este asunto, la dirigida contra Macías por pronunciarse sobre la amnistía en dos textos con “valor institucional” cuando era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Fuentes de la sede de Domenico Scarlatti consultadas por Europa Press explican que ha quedado rechazada porque la Abogacía del Estado recusó a Macías antes de que el recuso de inconstitucionalidad estuviera admitido a trámite. Así las cosas, ahora podría volver a plantearse.
La corte de garantías ya resolvió en plenos anteriores rechazar las recusaciones lanzadas por el PP contra el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y la magistrada progresista Laura Díez al estimar que ninguno de los argumentos esgrimidos eran “siquiera un principio de prueba” de falta de imparcialidad.
El PP entendía que Conde-Pumpido debía quedar apartado por las mismas causas que en su día motivaron su abstención en los asuntos del ‘procés’. En 2021, se abstuvo tras decir en una conferencia de 2017 que los hechos que entonces se estaban produciendo en Cataluña buscaban “subvertir el Estado Social y Democrático de Derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia”.
En el caso de Díez, los populares alegaban que debía apartarse por su presunta “vinculación política” con el Partido Socialista de Cataluña, la dependencia del presidente del Gobierno y del ministro de la Presidencia cuando trabajaba para Moncloa.
Cabe recordar que el magistrado progresista Juan Carlos Campo está abstenido del debate sobre la ley de amnistía porque en los informes que firmó como ministro de Justicia para indultar a los condenados por el ‘procés’ dijo que era inconstitucional.
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