Un momento del debate en el Congreso sobre la prórroga de los alquileres.
De nada han servido los esfuerzos desde Sumar, que se han abierto incluso a cesiones a Junts para salvar el decreto de alquileres. El Gobierno de coalición no ha logrado alcanzar los apoyos suficientes a pesar de exprimir hasta el último las negociaciones. Al final, ha cosechado una importante derrota parlamentaria apenas un mes después de que su aprobación en el Congreso de Ministros.
La reacción desde Moncloa no se ha hecho esperar y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha anunciado que “seguirá trabajando por la dignidad de las personas inquilinas”. Y lo hará, “pese a que la irresponsabilidad de la derecha y la extrema derecha haya impedido la convalidación del real decreto que prorrogaba los alquileres”.
En este sentido, el departamento que lidera Isabel Rodríguez ha avanzado que “intensificará los contactos para sacar adelante la regulación de los alquileres de temporada y acabar así con el fraude en los contratos de menos de un año”.
“Los contratos de temporada tienen una finalidad muy concreta, y no pueden ser la coartada para imponer subidas abusivas del alquiler”, señalan desde Vivienda, que apunta que “la dignidad de un hogar no puede depender de si es de alquiler o de propiedad, y un hogar digno no se puede construir a base de contratos fraudulentos de once meses”.
Junto a esto, destaca que “hay que abordar otras medidas en tramitación para fomentar la bajada de los alquileres, para frenar la especulación y movilizar vivienda vacía”.
“Hoy hemos visto cómo el PP y Vox vuelven a dar la espalda a la mayoría social votando en contra del decreto de vivienda que prorrogaba el alquiler de 2,6 millones de personas”, critican desde el PSOE, que lamentan que Alberto Núñez Feijóo “vuelve a rechazar medidas que facilitan la vida a la gente, que protegen y ayudan”.
Para los socialistas, “con el modelo de la derecha ultra y de la ultraderecha siempre pagan quienes menos tienen” y fuentes de Ferraz recuerdan unas palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que decía que “cada uno tiene derecho a poner su vivienda al precio que le convenga”.
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