hemiciclo del congreso
La votación en el Congreso sobre el aumento del gasto militar y la estrategia de rearme promovida por la Unión Europea (UE) ha puesto nuevamente de manifiesto las profundas discrepancias en materia de defensa y seguridad entre los socios del Gobierno español.
El PSOE ha decidido apoyar, junto al PP, mantener la actual política de defensa europea, mientras que Sumar ha mostrado su rechazo frontal al incremento militar y ha respaldado abiertamente que España abandone la OTAN, desmarcándose claramente de sus socios socialistas.
El voto dividido de PSOE y Sumar muestra las profundas discrepancias en materia de defensa que afectan a la estabilidad del Gobierno de coalición
La iniciativa del BNG pretendía mostrar el rechazo del Parlamento español al incremento del gasto militar impulsado por la UE, pero ha terminado revelando las claras diferencias ideológicas entre los miembros del Ejecutivo. El PSOE, socio mayoritario del Gobierno, ha votado en contra del texto propuesto por los nacionalistas gallegos, apoyando el plan europeo de rearme. Por el contrario, Sumar ha apostado por romper con la tradicional postura atlantista española, apoyando la idea de que España salga de la OTAN.
A pesar de las discrepancias sobre el gasto militar, PSOE y Sumar sí han coincidido en criticar las recientes amenazas del expresidente estadounidense Donald Trump hacia territorios como Groenlandia y Panamá, así como su polémico plan para la Franja de Gaza, puntos que sí han logrado una posición común en el seno del Ejecutivo.
PSOE y Sumar coinciden en rechazar la propuesta del PP sobre mayor control parlamentario del gasto militar y la guerra en Ucrania
Por otra parte, el Congreso también ha rechazado una propuesta del PP que solicitaba que todas las decisiones relacionadas con el gasto militar y el conflicto de Ucrania fueran sometidas a votación parlamentaria. En este caso, los votos en contra del PSOE y Sumar, y la abstención de Vox y Junts, han tumbado la iniciativa, dejando claro que, pese a sus diferencias, los socios del Ejecutivo coinciden en limitar la supervisión parlamentaria solicitada por la oposición.
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