La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz
El Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles el Real Decreto Ley 24/2020, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección social del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial. O lo que es lo mismo, ha dado luz verde a prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre. Y lo ha hecho por amplia mayoría. En concreto, 288 votos a favor y ningún voto en contra.
Asimismo, este texto recoge la prohibición de despido, el compromiso de mantenimiento del empleo, que se impida el reparto de dividendos en el ejercicio fiscal correspondiente el ERTE, así como la domiciliación de las empresas beneficiadas en paraísos fiscales.
Este Real Decreto contempla, por primera vez, exoneraciones a la Seguridad Social para los ERTE productivos destaca Trabajo en una nota. La ministra Yolanda Díaz ha defendido que “la desaparición de los ERTE por fuerza mayor no podía, sin embargo, ser total en este momento porque existe la posibilidad, que lamentablemente estamos viviendo, de rebrotes de la epidemia”. “Por esta razón, y de modo consecuente con la transición hacia la normalidad, el RDL 24/2020 ha adaptado el ERTE por fuerza mayor ordinario para los casos de rebrote”, ha apuntado.
Además, Díaz ha señalado que entre las medidas para apoyar el mantenimiento de la actividad económica de las personas autónomas está la exoneración en la cotización a la Seguridad Social, aplicable a partir del 1 de julio. A esto hay que añadir propuestas específicas dedicadas a reforzar la posición de las compañías electrointensivas, como el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas.
El Real Decreto “es una norma de reactivación económica y, sobre todo, de compromiso con las personas y las empresas”, ha remarcado la ministra. “Surge en un momento crítico, en el que el objetivo no es solo resolver un problema más, sino consolidar trabajos, profesiones, empresas e industrias para que sean capaces de crear riqueza, asegurar derechos, reconocer esfuerzos y constituir un modelo que refleje la solidaridad colectiva que hemos construido durante la pandemia en alianza con los interlocutores sociales”, ha insistido.
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