Decreto anticrisis

El Congreso aprueba el decreto anticrisis para mitigar el impacto de la guerra de Irán

El decreto anticrisis sale adelante con 175 votos a favor, la abstención del PP y Podemos y solo el voto negativo de Vox.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante su intervención en el pleno. (Foto: Congreso)
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante su intervención en el pleno. (Foto: Congreso)

El Congreso de los Diputados ha dado luz verde al decreto del Gobierno, el primero de ellos, para mitigar el impacto económico de la guerra en Irán. El pleno ha aprobado el paquete de medidas, con las que el Ejecutivo movilizará 5.000 millones de euros, con 175 votos a favor, 33 ‘noes’ y 141 abstenciones, estas últimas del PP y Podemos. Vox se ha quedado solo votando en contra.

El decreto ley ha logrado pasar el examen parlamentario tras varios días de su entrada en vigor, aunque no sin críticas. Desde el PP, que ha avanzado su abstención apenas unas horas antes de que se celebrara la votación, han criticado que los ven “insuficiente”. Sin embargo, tras reconocer que incluye algunas de sus propuestas, no han votado ni a favor ni en contra. Los de Alberto Núñez Feijóo han apostado por abstenerse.

Este decreto contempla un total de 80 medidas, entre las que destacan una bajada del IVA de la electricidad y de los combustibles hasta el 10%. También se eliminan varios impuestos y se refuerza el bono social.

En concreto, este nuevo escudo social incluye una bajada del IVA del 21% al 10% de los carburantes, la electricidad, el gas natural y los pellets. A este se une la congelación del precio máximo de venta del butano y se bonifica en un 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva.

Asimismo, se extiende hasta diciembre de 2026 todos los descuentos extra del bono social eléctrico y prolonga la prohibición de interrumpir los suministros esenciales a los hogares más vulnerables.

Además, una ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores y una ayuda equivalente para la compra de fertilizante. Asimismo,  se va a establecer por ley una mayor flexibilidad en los contratos de suministro eléctrico y se dotará a Competencia de “nuevas capacidades de supervisión y de sanción para que se persiga y se castigue con dureza a cualquier empresa que aproveche esta crisis o las ayudas del estado para enriquecerse”.

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