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El Consejo Económico y Social (CES) advierte de que el «débil crecimiento de los salarios» representa un riesgo para la actual situación económica de la UE, junto al lento avance de la demanda interna y la necesidad de normalizar la política monetaria, y ve necesario abordar una reforma fiscal de la Eurozona, así como una mayor convergencia real entre la dispar situación económica de los Estados miembros.
Así figura en su informe anual sobre gobernanza económica de la UE, publicado este jueves, en el que el CES reclama un mayor empuje de la demanda interna en el medio plazo, a través del impulso de la formación bruta de capital, como respuesta al «débil» crecimiento de la productividad y al «escaso avance» de los salarios reales.
Sin embargo, apunta que las políticas de empuje de la demanda presentan poco margen de maniobra, por lo que subraya la necesidad de normalizar la política monetaria, manteniendo el programa de compra de activos, pero, retirándolo de forma gradual. «Esta normalización debe llevarse a cabo sin dificultar la recuperación económica ni alejar el objetivo de estabilidad de precios», remarca.
Entre los riesgos externos cita el futuro de las relaciones de la UE con el Reino Unido, la apreciación del euro, las tensiones geopolíticas o las decisiones políticas y económicas de la Administración norteamericana, mientras que sobre los internos destaca el lento avance de la demanda interna, el «débil» crecimiento de los salarios, la normalización de la política monetaria, fragilidad financiera en algunos sistemas bancarios o niveles elevados de endeudamiento público y privado en algunos Estados.
El CES señala que la Unión Bancaria está «incompleta» y no es capaz de desempeñar su papel de mecanismo de absorción de impactos, por lo que urge a alcanzar un acuerdo «equilibrado», aceptado por todos los Estados, respecto a la reducción de riesgos financieros y la distribución de los mismos. Así, considera interesante la propuesta de la Comisión de transformar el mecanismo europeo de estabilidad en un Fondo Monetario Europeo.
A su vez, resalta la conveniencia de abordar una reforma fiscal de la Eurozona, que garantice la estabilidad macroeconómica, con un equilibrio entre la necesidad de mutualizar riesgos y la de garantizar la disciplina fiscal a los Estados.
Igualmente, destaca la propuesta de establecer un marco fiscal común para gravar los beneficios de los negocios digitales transnacionales que, dado el diseño actual de los sistemas tributarios nacionales, soportan tipos impositivos efectivos relativamente bajos.
En cuanto a la publicación de una lista de paraísos fiscales, considera que «no es relevante» por «carecer de efectos vinculantes y por excluir territorios que merecerían figurar, incluyendo a algunos de los Estados miembros».
A juicio del CES, la ausencia de capacidad presupuestaria común no permite suavizar las perturbaciones económicas, por lo que aboga por transitar hacia un «enfoque federalista», por el valor que tiene la puesta en común de recursos para desarrollar políticas europeas.
Asimismo, ve necesario incorporar a la gobernanza económica el Pilar Social Europeo, ya que «subsisten dudas sobre el papel del ámbito social en la estrategia de crecimiento económico sostenible», siendo preciso la participación de los interlocutores sociales en las políticas comunitarias.
La institución valora que se han producido algunos avances en política industrial, con la Estrategia renovada de política industrial, y los acuerdos en ámbitos como el refuerzo de la ciberseguridad, la libre circulación de los datos no personales, medidas de economía circular que afectan a la producción industrial, iniciativas sobre la propiedad intelectual o la contratación pública.
No obstante, ve conveniente impulsar la digitalización de la industria y una mayor voluntad política de los Estados para abordar el proceso de digitalización, y que la estrategia europea incidiera más en ámbitos vinculados a la innovación o la investigación o los relativos a la dimensión sociolaboral de la digitalización.
Por último, sobre el ‘Brexit’ señala que requiere una actuación coordinada entre los Estados miembros, defendiendo una posición común, y sostiene que la negociación se ha de desarrollar en un marco de «transparencia y reciprocidad» con el objetivo de reducir la incertidumbre durante los años en que se desarrolle el proceso.
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