Asamblea de Madrid
La polémica sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha intensificado después de que una jueza citara a Alberto González Amador a declarar como investigado.
Las acusaciones se centran en posibles delitos fiscales y corrupción en los negocios, un escenario que ha sido aprovechado por la oposición para exigir explicaciones públicas.
Mientras la mandataria defiende la inocencia de su compañero y denuncia un “juicio mediático” prolongado, Más Madrid y PSOE insisten en aclarar el origen de los fondos y las supuestas “mordidas” que se investigan.
La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, no ha dudado en calificar a González Amador de “delincuente fiscal” y ahora, también, de “imputado por corrupción”. Según Bergerot, los delitos fiscales eran “solo la punta del iceberg”, aludiendo a nuevas sospechas que apuntan a un posible soborno a un alto cargo de Quirón.
“El novio de Ayuso pagó una presunta mordida a un alto cargo de Quirón y queremos saber a cambio de qué”, ha sentenciado Bergerot
La oposición sostiene que el caso no solo se ciñe a una simple inspección fiscal, sino que se amplía a una investigación por corrupción en los negocios y administración desleal. Este escenario, según denuncian, pone en entredicho la transparencia y la credibilidad del gobierno regional.
En términos similares, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha contradicho abiertamente a la presidenta madrileña. Espinar sostiene que Ayuso falta a la verdad al restar importancia a la investigación que pesa sobre su pareja. El PSOE recalca que son cuatro los delitos que se le imputan a González Amador y que estos podrían acarrear penas de cárcel.
“¿Cómo se paga el piso del que disfruta? ¿Quién es el dueño de la vivienda en la que vive la señora Ayuso?”, se ha preguntado Espinar
Esta inquietud sobre el patrimonio y la procedencia de los fondos de la pareja presidencial ha reabierto el debate acerca de la influencia que podría ejercer la posición de Ayuso en posibles transacciones y contratos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado los “14 meses de juicio mediático” al que se ha visto sometido Alberto González Amador, asegurando que la relación no ha supuesto ningún beneficio para él. Ayuso acusa a Más Madrid y PSOE de prolongar deliberadamente la investigación para generar desgaste político.
Pese a las justificaciones de la presidenta, las dudas no cesan en el ámbito parlamentario, y la oposición continúa reclamando transparencia acerca de los negocios de González Amador. La alarma principal se centra en posibles conexiones que podrían derivar en un caso de corrupción institucional más amplio.
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