Se alquila
En un comunicado, el CJE afirma que solo se ha concedido esta ayuda al 0,6% de las personas de entre 18 y 35 años y que los requisitos establecidos impiden que la ayuda sea efectiva.
El bono de alquiler joven ha sido una de las medidas «estrella» aplicadas por el Gobierno para fomentar la emancipación juvenil e intentar aliviar el principal problema de toda una generación: la vivienda.
Sobre el papel parecía eficaz, crear una prestación para que las personas jóvenes menores de 35 años pudieran emanciparse. Sin embargo, como el CJE advirtió desde un primer momento, la medida tenía puntos débiles.
El primero radicaba en que para poder acceder a esta ayuda las personas jóvenes debían estar ya emancipadas. Por esta razón, no puede decirse que sea una ayuda a la emancipación; en todo caso, sería una ayuda a las personas ya emancipadas.
El CJE también advirtió que el bono joven de alquiler solo beneficiaría a aproximadamente al 1% de las potenciales personas beneficiarias. Hoy, con los datos de las ayudas concedidas, recogidos y elaborados por el CJE y los consejos autonómicos de la juventud a través de los portales de transparencia de las comunidades autónomas, se puede corroborar que el impacto ha sido aún menor: a nivel estatal, solo se ha concedido esta ayuda al 0,6% de las personas entre 18 y 35 años, para quienes iba dirigida esta medida.
A estos dos problemas se ha sumado un tercero: desde que se lanzó el bono, las condiciones para acceder a él son las mismas: que el precio de la vivienda sea de hasta 600 euros al mes (900 en zonas tensionadas) o que se pague por una habitación hasta 300 euros al mes (450 euros en zonas tensionadas).
Sin embargo, en los dos últimos años el alquiler medio de una vivienda ha subido un 19,3% en el conjunto de España, según datos del portal inmobiliario Idealista, mientras que el de las habitaciones lo ha hecho un 8,1%. Por lo tanto, es cada vez más difícil poder encontrar pisos o habitaciones que se adapten a los requisitos para poder acceder al bono.
En las tres principales ciudades por población (Madrid, Barcelona y Valencia) los precios de las viviendas en alquiler han subido aún más: un 29,1% en Madrid, un 26,6% en Barcelona y un 32,4% en Valencia.
En palabras de Javier Muñoz, responsable del área socioeconómica del CJE, es necesario quitar las máximas barreras administrativas posibles para favorecer la accesibilidad a la medida.
Además, considera que para lograr un acceso efectivo al derecho a la vivienda de los jóvenes, el bono debe ir acompañado de otras medidas más ambiciosas, como la regulación del precio del alquiler, gravar la inversión inmobiliaria para evitar que la especulación sea atractiva, frenar el alquiler turístico y penalizar las viviendas vacías para aumentar el parque residencial.
«Todo ello acompañado de la construcción de vivienda pública para alquiler social, garantizando esta condición indefinidamente bajo titularidad pública, para evitar la situación crítica actual de la vivienda en el futuro», añade.
Por todo ello, el CJE anuncia que seguirá trabajando con las administraciones públicas para la consecución de políticas públicas que mejoren la vida de las personas jóvenes y hagan efectivo su derecho a una vivienda digna.
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