El informe revela que, cuando era la comisión ejecutiva del banco la que cesaba a un director general, la entidad fijó su indemnización en 20 días por año con un máximo de seis mensualidades. Sin embargo, a los demás miembros de la llamada alta dirección pública estatal se les aplica la reforma laboral de Mariano Rajoy, que establece las indemnizaciones en siete días por año y un límite de seis meses.
Tras este informe del Tribunal de Cuentas, fechado el pasado 25 de marzo, el Banco de España renunció a esta legislación para aceptar que se rijan por la disposición adicional octava de la Ley 3/2012.
Hasta entonces, había argumentado que no le afectaba porque la ley General Presupuestaria “no incluye al Banco de España entre los integrantes del sector público estatal”. No obstante, se abre a reducir las indemnizaciones en aras de “una mejor conciliación de la autonomía de esta institución con el principio de austeridad que inspira la legislación del sector público estatal”, recoge Infolibre.