“El gravamen debe considerarse cuidadosamente en lo que se refiere a su impacto en la rentabilidad de las entidades de crédito afectadas y, por tanto, en su generación interna de capital y en su concesión de crédito”, señala el BCE, que avisa también de que la aplicación de este impuesto únicamente a determinadas entidades podría falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones, tanto dentro del país como en toda la unión bancaria.
En su dictamen, el banco central también advierte de que si las entidades de crédito que se encuentran en pérdidas deben abonar este gravamen “distorsionaría significativamente y perjudicaría aún más la resiliencia de un banco deficitario”.
Asimismo, para el BCE la base sobre la que se establecería el gravamen temporal no tiene en cuenta todo el ciclo económico y no comprende, entre otros, los gastos de explotación ni el coste del riesgo de crédito, por lo que el importe del gravamen temporal «podría no ser proporcional a la rentabilidad de una entidad de crédito».
De este modo, como consecuencia de la aplicación general del gravamen temporal, las entidades de crédito que no se benefician necesariamente de las condiciones actuales del mercado «podrían ser menos capaces de absorber los posibles riesgos a la baja de una recesión económica».
Por otro lado, en opinión del BCE una disposición genérica que establezca que el gravamen temporal no puede trasladarse a los
clientes de las entidades de crédito «podría generar incertidumbre», así como riesgos operativos y de reputación conexos para dichas entidades.
A este respecto, el BCE recuerda que espera, en general, que las entidades de crédito, de conformidad con las buenas prácticas internacionales, tengan en cuenta y reflejen en los precios de los préstamos todos los costes pertinentes, incluidas las consideraciones fiscales, cuando proceda.
