El pasado febrero, el Congreso de los Diputados aprobó la nueva Ley hipotecaria, que será publicada en el BOE en los próximos días y entrará en vigor tres meses después. La nueva norma supondrá un encarecimiento de los préstamos, especialmente para los deudores con “un mayor perfil de riesgo”, según ha advertido el Banco de España.
En un recuadro titulado ‘La ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario’, la institución que dirige Pablo Hernández de Cos señala que “los mayores gastos de constitución de hipotecas soportados por los prestamistas y, en particular, los límites a las comisiones máximas por amortización anticipada en los contratos a tipo fijo podrían propiciar un cierto aumento de los tipos de interés de los nuevos préstamos, especialmente en el caso de los aplicados a esta última modalidad”.
Asimismo, “el retraso en la recuperación de la deuda impagada” para los bancos podría traducirse “en un cierto endurecimiento de las condiciones crediticias, sobre todo en las aplicadas a los deudores con un mayor perfil de riesgo”. En la misma línea, “los requisitos más estrictos de evaluación de la solvencia del prestatario podrían contribuir a reforzar estos últimos efectos, al tiempo que favorecerían una mejora de la calidad de la cartera crediticia de las entidades”.
“En cualquier caso, el efecto final de la nueva regulación sobre las condiciones de financiación hipotecaria dependerá también del impacto en la dirección contraria asociado a la posible mayor competencia y al descenso de la incertidumbre jurídica”, reconoce el Banco de España.
Por otro lado, la institución considera que “la introducción de cláusulas imperativas de obligado cumplimiento (como en el caso de la regulación del vencimiento y del reembolso anticipados), junto con el reforzamiento de la información disponible para los clientes en la fase precontractual, cabría esperar que contribuya a reducir la inseguridad jurídica y la elevada litigiosidad actual en este mercado, lo que debería redundar en una mayor actividad crediticia y en un mejor funcionamiento del segmento hipotecario”.
Adicionalmente, “la mayor transparencia y estandarización de la información disponible sobre los contratos y los menores costes de transacción asociados al cambio de prestamista podrían elevar la competencia procedente de operadores tanto nacionales como europeos”.
Por último, la mayor facilidad para convertir los préstamos de tipo variable a tipo fijo “podría incentivar un cierto desplazamiento del stock de deuda hacia los contratos a tipo fijo”, lo que reduciría el elevado peso que actualmente tienen las hipotecas a tipo de interés variable y se traduciría en una transferencia del riesgo de tipo de interés desde los deudores hacia los acreedores, quienes, en principio, están en mejores condiciones para gestionarlo. No obstante, “el alcance de este efecto dependerá de las preferencias entre riesgo y coste de los deudores”.
