Entre esos dos meses del año pasado “no se registraron correctamente miles de escritos de recurso en materia de tráfico”, ha indicado la consultora, que ha señalado a las consecuencias legales del fallo, cuando dicen haber recibido ya “más de 5.000 expedientes anulados”.
El problema detectado por este despacho legal ha afectado “a todos los recursos, alegaciones o escritos de identificación de conductor presentados entre junio y agosto de 2024. Aunque los ciudadanos presentaron sus escritos en tiempo y forma, no llegaron a ser tramitados internamente por los sistemas municipales”, según Europa Press.
Esto supone la “caducidad y prescripción de los procedimientos sancionadores, tal y como establece el artículo 112 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial”.
“Es un caso de manual: si el Ayuntamiento no resuelve dentro del plazo, el procedimiento debe declararse prescrito o caducado dependiendo de la fase en la que se encuentre el procedimiento sancionador. Lo grave es que miles de ciudadanos podrían haber sido sancionados ilegalmente de no haberse detectado esta irregularidad”, ha señalado el equipo jurídico de Pyramid Consulting.
Los afectados deben revisar cualquier expediente sancionador gestionado entre junio y agosto de 2024. Si se presentó algún escrito y no se recibió resolución dentro del plazo es posible que el procedimiento deba anularse, han indicado los expertos.
