Francisco González, presidente de BBVA
Según las fuentes consultadas por Europa Press, Cano ha explicado que la contratación se hizo porque lo reclamó González y así se lo transmitió al entonces jefe de Seguridad de BBVA, Julio Corrochano, quien a su vez se lo comunicó a él, que en ese momento ejercía de responsable de Recursos Humanos.
Cano, que ha comparecido en calidad de imputado, ha contado que González y Corrochano tenían una relación bilateral, de modo que era el jefe de Seguridad quien departía con el banquero y después le hacía saber a él las directrices que había dado el presidente de la entidad financiera.
De acuerdo con fuentes presentes en la declaración, Cano ha manifestado que Corrochano le dio la orden de contratar con CENYT porque así se lo indicó el mismo González. El exCEO ha admitido que conocía la empresa, si bien ha matizado que no tenía conocimiento de que Villarejo fuera su dueño.
Sin embargo, otras fuentes han apuntado que Cano se ha limitado a exponer que Corrochano le informó de que González había demandado los servicios de una empresa de investigación, pero no que mencionara expresamente a CENYT.
El interrogatorio, en el que Cano solo ha accedido a responder a las preguntas del juez, el fiscal y su propia defensa, ha girado en torno al primer encargo que se hizo a CENYT, en diciembre de 2004.
El antiguo consejero delegado ha detallado que se materializó en cuatro facturas por un importe total de 510.000 euros, con la peculiaridad de que las tres primeras (por un importe cada una de 90.000 euros) se fecharon el mismo día.
Cano ha razonado que si estas facturas llevan su firma es porque no siguieron el cauce habitual. Debía haberlas facturado el Departamento de Seguridad, pero excedían su presupuesto, por lo que de seguir esta vía les habría impedido cobrar el variable. En este contexto, ha continuado, se optó por enviarlas al Centro de Costes de la Junta General de Accionistas, lo que propició que él las rubricara.
Además, ha cerciorado que las cuatro facturas iban vinculadas a ese primer contrato con CENYT, que ha calificado de aséptico. Lo pudo ver, pero se ha desmarcado completamente de su contenido, insistiendo en que esos asuntos eran competencia de González y Corrochano.
No obstante, ha concedido que llegó a ver un informe entregado por CENYT en el que se hablaba del ex ministro Miguel Sebastián y del presidente de Sacyr, Luis del Rivero, así como de otras dos personas que no ha sabido concretar. El ‘dossier’, ha añadido, era muy superficial.
Corrochano, también investigado, declara este mismo martes por esta pieza separada número 9 de la macrocausa ‘Tándem’, donde se investigan los servicios contratados por BBVA a CENYT para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017. Por esos trabajos, la entidad habría pagado al comisario más de 10 millones de euros.
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