El Gobierno de Donald Trump ya había adelantado en agosto su intención de no someterse al escrutinio internacional, alegando que el país “no necesita lecciones” sobre libertades civiles y que sigue siendo “un ejemplo mundial”. La sesión estaba prevista para este viernes en Ginebra, pero la silla de Washington permaneció vacía.
El Consejo confirmó que el proceso queda aplazado hasta el próximo año, con la esperanza de que Estados Unidos cambie de postura. En un comunicado oficial, el órgano expresó su “profundo pesar” por la ausencia y pidió a la Casa Blanca “reanudar la cooperación conforme a las resoluciones internacionales”.
La decisión de EEUU refuerza su aislamiento dentro del sistema multilateral de Naciones Unidas
El EPU es una herramienta creada para garantizar que todos los Estados miembros, sin excepción, rindan cuentas sobre su historial de derechos humanos ante la comunidad internacional.
Amnistía Internacional lamentó que la decisión “socava el principio de rendición de cuentas global” y situó a Estados Unidos “junto a regímenes que rehúyen el escrutinio internacional”. Su directora de relaciones internacionales, Amanda Klasing, aseguró que la Administración Trump “ha intensificado su desprecio por los derechos humanos y por la transparencia”.
Amnistía advierte de un deterioro institucional en EEUU, con ataques a la prensa, represión de protestas y recortes en políticas de derechos
La organización denuncia además ejecuciones extrajudiciales en operaciones antidroga en América Latina y la retirada de fondos a agencias nacionales de derechos humanos, una decisión que “desmantela la estructura de protección interna”.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) consideró que el Gobierno “se ha convertido en el peor enemigo de las libertades de su propio pueblo”. Su directora ejecutiva en California, Chandra Bhatnagar, acusó a la Administración de violar derechos constitucionales mediante redadas migratorias, censura a manifestantes y uso militar en protestas.
El boicot de Washington amenaza con debilitar los mecanismos internacionales de control en materia de derechos humanos
Tanto ACLU como Amnistía coinciden en que esta decisión representa “un paso atrás” que podría alentar a otros países a eludir sus compromisos internacionales.
Para analistas internacionales, la decisión de EEUU responde a una estrategia de aislacionismo diplomático que ya había comenzado con la retirada del país del propio Consejo de Derechos Humanos en el primer mandato de Trump. Ahora, su negativa a participar en el EPU profundiza la brecha con Naciones Unidas y plantea dudas sobre el liderazgo global de Washington en materia de libertades.
La comunidad internacional teme que este precedente debilite el sistema de protección global de derechos humanos
El episodio consolida una tendencia de desvinculación institucional que amenaza la credibilidad del sistema multilateral. Si Estados Unidos no participa en su examen de 2026, podría sentar un precedente peligroso para el resto de países sometidos al escrutinio internacional.
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