La iniciativa consiste en que los bancos acreedores del país decidan -en teoría voluntariamente- no recortar su exposición al mismo una vez venzan los plazos de los bonos. En otras palabras; una renegociación por medio de la cual la liquidación de una operación (en este caso el cobro de los papeles soberanos) se prorrogue a otra fecha posterior. ¿Las ventajas de esto? Papandreou lograría algo de tiempo para no seguir tensando la paciencia de los contribuyentes helenos con más recortes sociales, para no tener que acudir a los mercados en busca de financiación inmediata y para no declarar el país en quiebra técnica. A su vez podría detener la especulación en torno a sus CDS (seguros contra el impago de deuda griega), uno de los productos derivados de la deuda más utilizados por los hedge funds.
Pero, como en casi todo, también existen las desventajas. La principal es que si bien esta opción puede resolver parcialmente el asunto de la liquidez, no así el de la solvencia. Además, esta decisión conllevaría nuevos recortes de rating por parte de las grandes agencias de calificación y, por último pero no por eso menos importante, al Banco Central Europeo (BCE) no le atrae la idea.
Tampoco las otras posibilidades para salir de la crisis son fáciles de asumir. Por un lado se baraja la entrega de nuevas ayudas financieras al país, además de los 110.000 millones de euros prometidos hace un año y que son enviados poco a poco, y por el otro se habla de una reestructuración oficial de la deuda del país mediterráneo.
Las opciones que encierran más rescates internacionales, aunque cuentan con el apoyo del BCE, pueden añadir presión fiscal sobre Grecia al exigir, los emisores de estas ayudas, unas condiciones más duras como por ejemplo nuevas medidas de austeridad o tipos más altos. Además, la tensión social existente en las calles de las principales ciudades del país puede dispararse. Pero las que hablan de reestructuración de deuda -la puede haber suave o fuerte- cuentan con la oposición del BCE y de algunos países como Francia, encierran rebajas de rating casi seguras e incrementa el riesgo de contagio a otros países europeos en dificultades como Portugal o Irlanda. Entre otras consecuencias como suponer la quiebra del sistema bancario heleno, por ejemplo.
Papandreou no lo tiene, por tanto, fácil. Además, queda por ver si los principales bancos implicados en Grecia (además de las griegas, y según los datos del Banco Internacional de Pagos, las entidades más expuestas al país son las francesas y las alemanas) están de acuerdo con la Solución Viena. Pero el tiempo se acaba.
En una situación similar se encuentra Enda Kenny, el primer ministro de Irlanda, que fue elegido como mandatario del Tigre Celta en febrero y debe lidiar, por un lado, con sus acreedores internacionales, y por el otro con la población del país que decidió confiar en él. Algunos dicen que Irlanda debería seguir los pasos de Islandia.
Precisamente, el ministro de Finanzas del país nórdico, Steingrímur Sigfússon, ha instado al Gobierno de Dublín a seguir los pasos de Islandia, que sometió a referéndum popular si devolvía el dinero perdido en la quiebra de sus bancos a sus acreedores internacionales, y en particular a Holanda y Reino Unido. Los islandeses dijeron, en dos ocasiones, que no.
En una entrevista concedida al rotativo The Irish Times, Sigfússon ha dicho que no quiere criticar ninguna decisión llevada a cabo por el primer ministro irlandés, Enda Kenny, aunque ha señalado la importancia de un Gobierno capaz de diseñar sus propias políticas internas para manejar la crisis financiera, aunque haya una organización como el Fondo Monetario Internacional (FMI) detrás que trate de imponer el ritmo; una posición de autoridad conseguida gracias a las ayudas económicas otorgadas.
Irlanda recibió un rescate financiero valorado en 85.000 millones de euros el pasado mes de noviembre en el que participaron el FMI y Bruselas de forma conjunta. No obstante, ese rescate tiene un tipo del 6%, algo que le costó el cargo al anterior primer ministro, Brian Cowen. Kenny subió al poder en febrero tras celebrar el país unas elecciones anticipadas y una de sus promesas fue reducir esa tasa. Alemania y Francia son sin embargo contrarios a reducir ese 6% si Irlanda no aumenta, a cambio, su impuesto sobre sociedades, situado actualmente en el 12,5%, uno de los más bajos de la zona del euro. Kenny se niega a aprobar ese incremento para no poner en peligro la inversión internacional de la Isla Esmeralda.
El ministro islandés ha dicho que su país ya ha pasado por el proceso al que está sometido Irlanda: «Nuestra sociedad ha sufrido mucho. Perdimos un 85% de nuestro sector bancario en una semana y nuestra divisa experimentó una devaluación fortísima. También hubo muchas manifestaciones, pacíficas eso sí, de la población mientras la tasa de desempleo subía. El Gobierno teníamos un reto difícil entre las manos, pero ahora, dos años después, nuestras decisiones y la aplicación de medidas de austeridad han dado sus frutos».
Sigfússon ha recalcado que la cooperación con organismos internacionales como el FMI es necesaria, pero que en ningún momento ésta debe someter la soberanía nacional de un país. Una soberanía que, dicho sea de paso, ya ha utilizado Islandia para denunciar por lo penal a varios gestores de bancos.
