La compañía se ha convertido en la primera multinacional española en desarrollar una iniciativa de este tipo. Iberdrola presentará en dos jornadas consecutivas – mañana en Bilbao y el jueves en Madrid – su Política de involucración de los accionistas, un proyecto que persigue reforzar la figura del accionista como elemento central del gobierno corporativo de la sociedad, fomentar su involucración e impulsar sus derechos, según explica la compañía en una nota.
En las jornadas “Involucración de los accionistas en el gobierno de las sociedades cotizadas”, organizadas por la compañía en colaboración con Deusto Business School y la Facultad de Derecho (ICADE) de la Universidad Pontificia Comillas, Iberdrola presentará esta política a la comunidad financiera en general y al conjunto de sus accionistas en particular.
En ambas sesiones se abordará un debate sobre las ventajas e inconvenientes de las llamadas loyalty shares (acciones de lealtad), que en Bilbao será moderado por el jurista Ramón Múgica y en Madrid por el socio de Uría Menéndez y secretario de la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo de Iberdrola, Rafael Sebastián. Además, en Madrid presentará el acto el Decano de la Facultad de Derecho (ICADE), Íñigo Navarro.
La primera parte de las jornadas contará con las intervenciones de Luca Enriques, profesor de gobierno corporativo en Oxford, y de Gabriel Alsina, responsable de Institutional Shareholder Services (ISS) para el Sur de Europa.
Los ponentes debatirán sobre la necesidad de evitar los riesgos de una gestión cortoplacista y explicarán el papel de las loyalty shares como herramienta para reconocer mayores derechos a los accionistas de largo plazo.
La segunda parte de la jornada se centrará en la Política de involucración de los accionistas de Iberdrola, que será presentada por Manuel Aragón, catedrático de derecho constitucional, exmagistrado del Tribunal Constitucional y presidente de la Comisión de Involucración de la compañía, y por Iñigo Elorriaga, director de gobierno corporativo de la empresa.
El Consejo de Administración de Iberdrola aprobó en febrero de este año esta Política, convirtiéndose en la primera empresa española y una de las pioneras a nivel mundial en desarrollar una iniciativa de este tipo.
Para su puesta en marcha, se creó una Comisión que desarrolló el proyecto durante seis semanas y cuya estructura fue tripartita, con tres representantes de la sociedad, tres asociaciones de accionistas minoritarios españolas y europeas y tres personalidades de referencia dentro del gobierno corporativo.
