La Plataforma de Afectados por las Preferentes de Salamanca publica el ranking de las dietas que cobraron los consejeros desde 2004. Los antiguos miembros de los consejos de administración de Caja España y Caja Duero se repartieron más de 4,8 millones de euros sólo en dietas de 2004 a 2011, etapa en la que se iniciaron las emisiones de las polémicas participaciones preferentes y títulos de deuda subordinada.
Según ha denunciado la Plataforma de Afectados por las Preferentes de Salamanca en su página web, un total de 61 consejeros de las dos entidades cobraron 4,84 millones de euros por asistir a las reuniones de los consejos de administración, un ranking que lidera el catedrático Gerardo Pastor Ramos, con 313.800 euros, pero en el que se incluyen muchos cargos políticos y representantes de los sindicatos.
El año 2011 fue el último en el que los consejeros percibieron dinero por acudir a estas reuniones, ya que en 2012 el consejo de administración de la ya fusionada Caja España-Duero aprobó por unanimidad la propuesta para que los consejeros de la entidad y del Banco Ceiss (al que se traspasó el negocio bancario) dejasen de percibir las dietas por sus asistencias a las reuniones del Consejo, la Comisión de Control y la Asamblea General. El consejo de administración de Caja España-Duero se reunía entonces con una periodicidad de unos tres meses, y la dieta media por reunión era de 480 euros.
En el año 2004, Caja España realizó su primera emisión de preferentes, aunque para la siguiente habría que esperar hasta 2009, año en el que también Caja Duero también apostó por la colocación de estos títulos. Las emisiones de deuda subordinada por parte de ambas entidades fueron más numerosas.
En total, se estima que Ceiss, el banco de Caja España-Duero tenía en circulación unos 416 millones de euros sólo en preferentes, que han atrapado a unos 15.000 clientes minoristas. Si se suma la deuda subordinada, el total en circulación de los productos híbridos ascendía a unos 1.400 millones de euros.
El rescate de Ceiss, que pasará a convertirse en una filial de Unicaja , ha costado a las arcas del Estado 1.530 millones de euros, si bien la cifra podría todavía elevarse por encima de los 1.600 millones en función de lo que deparen las demandas presentadas por los afectados por las preferentes.
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