El juez solicita a Bankia el contrato firmado con Lazard sobre las labores de asesoramiento en política de dividendos, solvencia y rating de crédito. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu vuelve a estrechar el cerco sobre el expresidente de Bankia Rodrigo Rato, tras haber solicitado a BFA-Bankia documentación sobre las “operaciones de cualquier tipo con indicio de actuaciones irregulares” que el banco detectó en el grupo antes de la salida de Rato, así como la identificación de las que fueron denunciadas ante la Fiscalía Anticorrupción.
Dentro de esta solicitud, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 reclama a Bankia los informes que recibió del banco de inversión Lazard en España, que se encargó de la valoración de las acciones cuando se produjo la salida a Bolsa. Su presidente, Jaime Castellanos, admitió ante el juez ser “amigo” y “socio” de Rato en varios negocios.
En esa línea, según publica ElConfidencial.com, el juez Andreu habría solicitado la documentación de un contrato por importe de 1,5 millones de euros más IVA, 1.770.000 euros en total, facturado por Lazard el 20 de febrero de 2012 por supuestas labores de asesoramiento en política de dividendos, solvencia y rating de crédito.
A los peritos les habría llamado la atención que este encargo hubiese sido aprobado por el consejo de administración de Bankia el 6 de febrero, cuando los trabajos habían comenzado a realizarse el 1 de julio de 2011, es decir, ocho meses antes. Los expertos incidirían también en que el consejo atribuyó a ese encargo una duración de cinco meses.
Rato no es el único que podría verse en apuros por las investigaciones del magistrado. Entre la documentación solicitada se encontrarían también las 15 operaciones de crédito denunciadas por el propio banco el pasado verano a la Fiscalía Anticorrupción, la mayoría de las cuales afectarían a la familia del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino.
Bankia abrió una investigación interna y detectó que Bancaja, que junto a Caja Madrid lideraba el grupo bancario tras la fusión, habría concedido al menos 35 millones de euros a la empresa Share Capital, que estaba participada por Sedesa Real Estate y Asedes Infraestructuras, dos sociedades de la familia Cotino.
