Anpier afirma que si el recorte de primas hubiese sido previsible, como dice el Alto Tribunal, 55.000 particulares no habrían invertido sus ahorros. La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) creen que la sentencia del Tribunal Supremo que avala el recorte de las primas al sector aplicado por el exministro Miguel Sebastián es «muy discutible».
En declaraciones a Europa Press el secretario de Anpier, Juan Castro-Gil, afirma que es “hilarante” y “difícil de explicar” la sentencia porque ha avalado el recorte apelando a que el sector debía prever la posibilidad de que esto ocurriese. El Alto Tribunal considera que el régimen de primas del Real Decreto 661/2007 se basa en una serie de “presupuestos implícitos que cualquier operador del mercado diligente o que hubiera acudido a un asesoramiento previo de calidad no podía desconocer”. Entre ellos está el considerar que las primas no pueden considerarse “perpetuas” o «ilimitadas en el tiempo».
En este sentido, Castro-Gil compara el caso de la fotovoltaica con el de las preferentes porque el producto “se vendió al ciudadano de a pie” y luego se convirtió en “nocivo”. “Es ilegal cuando la Administración permite trasladar al ciudadano» la opción de invertir en fotovoltaica y luego incumple sus compromisos”, argumenta.
Según ha dicho, si el recorte hubiese sido previsible 55.000 particulares no habrían invertido sus ahorros en el sector ni la banca habría comprometido 25.000 millones de euros.
El secretario de Anpier señala también que “el juez tiene que limitarse a comprobar si la norma cumple o no la ley» conforme a los principios constitucionales, y no permitirse «el lujo» de entrar a valorar «una decisión política» basada en unos planteamientos económicos acerca de la situación del sistema eléctrico.
Además, tanto Anpier como UNEF recuerdan que a la limitación de horas con derecho a prima aprobada por el exministro Miguel Sebastián se suman en la nueva legislatura otras medidas como el impuesto del 7% a la generación, la no revisión conforme a IPC, la ausencia de financiación del ICO, el nuevo esquema retributivo a partir de estándares o la obligación de que las renovables financien el déficit de tarifa.
La fotovoltaica aún mantiene miles de reclamaciones patrimoniales en este tribunal. A estos recursos se sumarán las denuncias de las liquidaciones del sistema eléctrico por parte de los productores, así como las denuncias ya presentadas ante el Constitucional y el Tribunal de Luxemburgo.
