Desde la Fundación Renovables consideran que los miles de productores de esta industria podrán interponer sus demandas en cuanto la reforma energética del Gobierno entre en vigor amparándose en los informes de la CNE (el regulador energético) y la CNC (Competencia), dado que éstos “abundan en argumentos” contra la medida.
“La reforma eléctrica evidencia la inseguridad jurídica para las inversiones en España y ese es un hecho muy grave que no va a ayudar en nada a la salida de la crisis”, ha explicado a este periódico Javier García Breva, presidente de la Fundación, que también indica cómo ni Luis de Guindos, ministro de Economía, ni José Manuel Soria, ministro de Industria, han logrado convencer a los inversores internacionales de las “bondades” de su proyecto.
Pero los problemas del Gobierno en este frente no parecen ser sólo internos. De hecho, cada vez son más las grandes fortunas alemanas, suizas y austriacas, y los fondos de inversión de esos países, que estudian llevar a cabo acciones legales contra el Gobierno de Mariano Rajoy por la reforma energética que trata de sacar adelante desde hace meses.
Según confirmó hace unos días a este periódico el abogado Ramón Marés, del despacho Rödl & Partner, ha crecido el número de interesados procedentes del extranjero en llevar al Gobierno ante un proceso de arbitraje internacional tras los últimos recortes en las energías renovables, que implican recortes a la retribución de las plantas fotovoltaicas y termosolares, un sector en el que entraron durante los años previos a la crisis pagando los precios de la época.
De momento, los afectados se encuentran a la espera de la orden ministerial que hacia el final del año determinará cómo se calcula la remuneración prevista del 7,5% para las instalaciones renovables existentes. En cualquier caso, y según ha explicado Marés, antes de la orden ministerial –que todavía no tiene un borrador- se publicará un Real Decreto –del que ya existe un borrador- que permitirá conocer un poco mejor las intenciones concretas del Ministerio de Industria.
La fórmula para denunciar sería invocar el Tratado de la Carta de la Energía, que prevé un mecanismo de arbitraje internacional. Un total de 16 grandes fondos ya presentaron en noviembre del año 2011 una reclamación por el recorte de las primas a fotovoltaica de entonces. Esta vía está diseñada para defender los intereses de los inversores extranjeros en un país, en este caso España.
Entre el 2008 y el 2009 se produjo una entrada masiva de inversión alemana, ya que la actividad fotovoltaica estaba muy madura en su país de origen. Al parecer, estos inversores pagaron unos precios muy altos acordes con unas expectativas de rentabilidad que ahora se recortan, según los afectados, que también señalan la existencia de un importante recorte anterior del 35% en el sector.
