Los créditos fiscales de la banca española, pendientes del dictamen de la Troika

Los créditos fiscales de la banca española, pendientes del dictamen de la Troika

Los activos fiscales diferidos (DTA por sus siglas en inglés) son uno de los asuntos sobre la mesa que la Troika (FMI, BCE y Comisión Europea) deberá discutir con el Gobierno español, que pretende hacer una reforma para evitar que los bancos españoles necesiten otros 50.000 millones de euros de capital adicional.

Una misión del FMI ha iniciado hoy su cuarta visita a España con el objetivo de llevar a cabo una nueva evaluación del programa de rescate a la banca, inspección a la que se sumarán la próxima semana el BCE y la Comisión Europea, que ya ha expresado cierta preocupación por el “elevado volumen de activos por impuestos diferidos” presente en los balances de varios bancos españoles, según publica Efe.

Analistas de Moody’s han indicado a esta agencia que no se espera que las impresiones de la Troika sobre el sector bancario español vayan a cambiar mucho tras esta cuarta visita, puesto que cuestiones como las reclasificaciones y los DTA aún están sin resolver.

La reforma que prepara el Gobierno para que los DTA acumulados por los bancos españoles puedan ser computados como capital permitirá a las entidades ‘salvar’ 50.000 millones de euros que, de otro modo, se verían obligadas a recaudar en el mercado a través de ampliaciones de capital. Gran parte corresponden a las provisiones del ladrillo realizadas a raíz de las dos reformas financieras consecutivas impulsadas el año pasado por el ministro de Economía, Luis De Guindos.

Según los analistas de Ahorro Corporación, a cierre del año pasado, el saldo de DTA netos entre los grandes bancos cotizados es de 16.900 millones de euros para el Santander, amortizables a un año; de 7.000 millones para BBVA (1 año); 4.600 millones para CaixaBank (3 años); 3.200 millones para el Popular (4 años); 4.000 millones para el Sabadell (6 años); y 123 millones para Bankinter (0,4 años).

Otros informes de bancos de inversión también han calculado el impacto que el plan podría tener en la capitalización de los bancos. Por ejemplo, en un texto sobre este asunto elaborado por los expertos de N+1, y citado por ‘Financial Times’ se aseguraba que los pagos fiscales aplazados de Bankia equivalen a un 83% de su valor en libros, un 64% en el caso del Sabadell, un 40% para el Banco Popular y el Banco Santander y entre un 20% y un 25% para el BBVA y el CaixaBank.

Los DTA son derechos que las entidades tienen frente a Hacienda y que se pueden realizar de dos modos básicamente: o incurriendo en pérdidas deducibles, o generando gastos que no son fiscalmente deducibles inmediatamente como son las provisiones para cubrir posibles pérdidas futuras, y que se han incrementado significativamente por las dos reformas financieras consecutivas impulsadas el año pasado por el ministro de Economía, Luis De Guindos.

El año pasado, a través de dos decretos ley, Guindos obligó a las entidades financieras españolas a elevar las provisiones sobre los activos inmobiliarios adjudicados y sobre los créditos concedidos a promotoras, tanto morosas como al corriente de pago, lo que llevó al sector a realizar unas provisiones adicionales de 84.000 millones de euros.

En ese sentido, si el banco no incurre en pérdidas reales en estas provisiones, Hacienda no las devuelve sino que se guarda ese derecho para el futuro, de tal forma que pasan a ser deducibles en el impuesto de Sociedades de ejercicios futuros. Sin embargo, la nueva regulación de Basilea III obligará a que estos DTA no sean considerados como recursos de capital.

Para paliar esta situación, el Gobierno utilizará un ‘truco’, ya realizado en Italia, y que pasa por dar a los DTA la consideración de créditos fiscales a descontar en Hacienda, para que sí puedan ser considerados como capital por Basilea III. En principio, este cambio fiscal no produciría ningún incremento en el déficit público, aunque sí produciría un impacto en el caso de que la entidad entrara en proceso de liquidación.

“Yo no creo que esto sea un truco”, dijo el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en unas declaraciones recogidas por The Wall Street Journal. “Es la aplicación de normas que ya se aplican en otros países”.

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